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La noticia que dominó la discusión sobre educación en Colombia la semana pasada fue el anuncio, por parte del presidente Santos y la ministra de educación Gina Parody, de 10.000 becas para bachilleres de bajos recursos con miras a cursar estudios de educación superior; un anuncio el cual, si bien es bienvenido, también da pie a una serie de interrogantes los cuales deben ser explorados.

En primer lugar, como lo sugiere Rodolfo Arango en su columna para El Espectador, ‘tanta dicha no es cierta’, a fin de cuentas, no son becas en el sentido estricto del término, sino créditos que podrán condonarse si y solo si los estudiantes completan su carrera con éxito, lo cual plantea el primer interrogante, ¿Están estos estudiantes listos para asumir la exigencia de la educación universitaria? Si bien en su anuncio Santos aclaró que estos estudiantes también recibirán estipendios para su sostenimiento y gastos académicos, también es cierto que requerirán un acompañamiento a nivel académico e incluso emocional. ¿A cargo de quién estará dicho acompañamiento? ¿El Ministerio de Educación? ¿El Icetex? ¿Las mismas universidades que reciban a estos estudiantes? es una pregunta que debe ser atendida con rapidez, especialmente cuando la permanencia de estos créditos depende de la permanencia de los estudiantes en las universidades.

Otra pregunta surge a través del pacto implícito que subyace a este programa. El mensaje que se le da a los estudiantes que pueden ser beneficiarios de estos créditos es uno de intercambio ‘Usted recibe esto, pero la idea es que use el conocimiento que aprende para producir en Colombia’; es claro que el gobierno busca un retorno a la inversión que se realiza con estos créditos, así que también es necesario preguntarse si van a haber acuerdos de permanencia en el país para los estudiantes que completan sus estudios satisfactoriamente. 

Por otro lado, está la pregunta sobre los campos de estudio a los que ingresarán los estudiantes. El hecho que los créditos puedan ser utilizados solo en las 33 universidades con acreditación de calidad garantiza la idoneidad de los centros de estudio a los que ingresarán los estudiantes. Sin embargo, también es conveniente preguntarse si habrá algún criterio de selección con respecto a las carreras que pretenden estudiar. Dada la agenda implícita de la iniciativa, resultaría interesante establecer prioridades de acuerdo a las características regionales de los estudiantes, de tal manera que aquellos que buscan estudiar carreras con mayor aplicabilidad en sus regiones de origen reciban una mayor prioridad, lo que lejos de ser interpretado como una práctica discriminatoria, puede ser entendido como un mecanismo que maximice el efecto de la iniciativa.

¿Significan estas preguntas que la iniciativa está mal planteada? Realmente no. Cualquier iniciativa que aumente los indices de cobertura de la educación superior en el país siempre será bienvenida. Sin embargo, para que sea realmente efectiva es necesario plantear y responder preguntas como las exploradas en este espacio.

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