La primera semana de marzo, cuando Santos iniciaba formalmente su campaña reeleccionista (que en realidad arrancó el 7 de agosto de 2010) y en medio del “novelón” de la destitución de Petro, los partidos de la llamada Unidad Nacional suscribieron un Pacto por Bogotá, en donde el presidente, en compañía de su partido (la U), el Liberal y Cambio Radical, se comprometían a apoyar desde el gobierno nacional a la ciudad en su conjunto. No se dijo cómo se daría tal apoyo, ni tampoco se fijaron posiciones sobre la situación que para entonces enfrentaba Petro.
Para esa semana, salieron en varias fotos los parlamentarios de la Unidad Nacional con mejores clientelas en la ciudad para hablar de movilidad, seguridad y vivienda, pero además se esperaron a las elecciones parlamentarias para terminar de hacer cálculos. El petrismo no tuvo los mejores resultados en esta contienda y, en general, los sectores democráticos y sociales no tuvieron una representación significativa en el nuevo Congreso.
Por el contrario, el Partido Conservador y el Centro Democrático cuatriplican la votación de la Alianza Verde o el Polo Democrático en Senado, mientras que en Cámara fácilmente la triplican. Sobre este panorama, Santos tendría que iniciar su ponderación frente a cómo sacar adelante su tal “Pacto por Bogotá”. Fue obvia su decisión.
Las pugnas al interior del Partido Conservador en torno a la posibilidad de seguir o no en la Unidad Nacional, le obligan a moverse en función de mantener ese significativo apoyo de cara a su reelección. El ascenso que ha tenido Peñalosa en las últimas encuestas también da pistas al presidente frente a qué cartas jugar para hacerse con su segundo mandato. Todo ello, sin perder de vista los significativos resultados del uribismo en la ciudad, así como el solapado impulso que éste le dio a las jornadas de protesta en contra del ex alcalde Petro, coincidiendo todo esto con una rearticulación de fenómenos paramilitares organizados en varios sectores de la periferia de la ciudad.
La destitución entonces no fue un asunto de principios, pues aún cuando la alcaldía de Petro había tomado algunas distancias respecto del Gobierno Nacional, para algunos sectores de la Unidad Nacional resultaba positiva su presencia en medio del proceso de paz, que recibe con esto un gran golpe, cuando buena parte del debate ha versado frente a las garantías para la participación política.
Así, mientras Serpa y Samper en el Partido Liberal, empezaban a jugar cartas por Petro, Vargas Lleras y los Galán se sumaban a la ofensiva inquisidora iniciada por Ordóñez y secundada solapadamente por Uribe y Pacho Santos contra el alcalde de Bogotá. En el Partido Conservador ha aparecido Noemí a solidarizarse con Petro y hasta dentro del Polo había ya opiniones encontradas frente al tema de la destitución.
Lo cierto fue que Santos se la jugó. Decidió irse a la reelección con la bendición de Ordóñez. Poco o nada importaron las medidas cautelares de la CIDH, ni la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional que las reconocía como obligatorias, tampoco el balcón de Petro, ni la preocupación generalizada por los excesivos poderes del Procurador.
Las únicas medidas cautelares que hoy importan, son el sinfín de decisiones con las que Ordóñez busca blindar el establecimiento colombiano. Vía libre ahora para que Pacho Santos o el general Naranjo refrenden el “Pacto por Bogotá”, con el que los de siempre quieren arrebatarle a “los de nunca” el ilusorio poder que durante doce años han pretendido hacer tener en Bogotá.
Sin embargo, hay otro escenario posible, que saldrá de un pacto del constituyente primario por construir una ciudad derechos, es decir, de una Bogotá acorde a los retos de la construcción de paz. Se abre el debate sobre una Asamblea Nacional Constituyente. La discusión sobre el derecho a la ciudad tendrá que ser la síntesis de un verdadero Pacto por Bogotá.