Recientemente el concejal y co-presidente de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, lanzó una arriesgada e insensata propuesta: entregarle a las FARC y al ELN 40 curules en el congreso (15 en senado y 25 en cámara), dos en cada asamblea (excluyendo San Andrés para un total de 62) y 2 curules en 200 concejos de municipios con presencia de los grupos armados (400 concejales), todo por 3 periodos electorales con el fin de asegurar una posible transición del país al postconflicto. Es decir, a cifras actuales se convertirían en la cuarta fuerza electoral en el senado y la tercera en la cámara de representantes, estarían sobre el Polo Democrático que tiene 8 congresistas o la Alianza Verde con 11 y, automáticamente, estarían al nivel de un partido como el Conservador 46, el Centro Democrático que tiene 31 o Cambio Radical con 25, ¡todo sin conseguir un voto!
Es un absurdo y un despropósito completo entregarle a las FARC y al ELN 40 curules en el congreso. Entonces el mensaje sería que tendrían mayor representación, sin un sólo voto, los criminales, políticos, pero criminales de las FARC que los partidos de la izquierda legal. Mientras partidos como el Polo y la Alianza Verde actúan desde la legalidad, las Farc estuvieron por fuera de esta durante 60 años; por tanto, ¿el premio es que sean el partido mayoritario de la izquierda al nivel, incluso, de los mayoritarios de derecha? Por ello, ¿paga más estar en la ilegalidad que en la legalidad? No lo creo y no puede ser apoyado por el gobierno, ni la academia, ni la ciudadanía, ni por cualquier persona con un mínimo de sensatez política.
Una cosa es abrir el sistema democrático y permitir el ingreso de las FARC como partido político y no como grupo guerrillero; otra cosa, muy distinta, es arrojarse al suicidio del Estado y la institucionalidad. Si las FARC quieren ser el principal partido de izquierda de Colombia, que lo sean, pero decidido en las urnas, por mandato de la ciudadanía, no porque una ley así lo determinase. Si las FARC quieren gobernar pues tendrán que entender que van a vivir bajo un sistema democrático en el marco de un Estado Social de Derecho que no puede por voluntad propia ser cooptado por el que aún hoy, es un grupo ilegal; o bien, un Estado y un sistema democrático que no puede ser entregado a través de una presencia mayoritaria en el poder legislativo a ningún grupo político, que sin someterse a las urnas lo exija so pretexto de construir un país en postconflicto.
Un país en postconflicto es uno con instituciones maduras y fuertes, que logra consolidar un modelo de participación política abierto y plural que garantice la participación de las FARC y el ELN en los cargos públicos que alcancen por medio de elecciones, más no por una gabela legislativa, puesto que el que quiere representar debe ser elegido por la ciudadanía y quedaría bajo responsabilidad de los desmovilizados y reinsertados aumentar su fuerza política en las urnas. No pretendo juzgar el papel que pudieran tener las FARC y el ELN como actores políticos o gobernantes, pero sí considero, como demócrata, que las instituciones merecen respeto y más, aún, el sistema político y electoral.
Creo en el proceso de paz, es tiempo de acabar con la excusa de la guerra, que ha evitado que Colombia invierta en lo que verdaderamente necesita. La mejor solución para el conflicto armado no es dar de baja a todos los guerrilleros, lo cual de por sí es imposible, sino traerlos al sistema democrático y el ordenamiento jurídico, en orden de que entren al sistema donde tendrán que aceptar que para gobernar tienen que ganar y para ello actuar bajo unas normas establecidas. Pero es inconcebible que en el proceso se destruya la democracia y la institucionalidad colombiana.