El aborto en Colombia vuelve al debate nacional desde que el fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, propusiera despenalizar ésta práctica. Para el alto funcionario se debe garantizar y “aumentar la protección a las mujeres del país pues las estadísticas muestran que se están produciendo más de 200 mil casos de abortos ilegales. También indican que hay una tasa de mortalidad materna muy alta producto de abortos ilegales que no se producen con las condiciones técnicas necesarias”.
La iniciativa, sería radicada a mediados o finales del mes de noviembre, y permitiría a las mujeres interrumpir su embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, sin tener en cuenta las causales que determinó la Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 10 de mayo del 2006, en la que ya se había referido al aborto inducido en tres casos específicos: cuando existe peligro para la salud de la madre en el periodo de gestación o parto, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y en caso de violación o fecundación no consentida.
Las reacciones a favor y en contra no se han hecho esperar, ¿pero realmente la despenalización del aborto sería una decisión en derecho o una decisión para evasión de responsabilidades?
Desde el punto de vista jurídico los derechos y la libertad, llegan hasta donde inician los derechos y la libertad de otra persona o ser humano. Lo que significa que una mujer está en la libertad de decidir o resolver si tiene o no un niño, pero también ese bebé o feto, que está en el vientre, está sujeto al derecho a la vida, un derecho fundamental establecido por la Constitución Política de 1991 en su artículo 11.
No significa que los derechos de una madre sean menores a los de un bebé en estado de gestación, la Corte Constitucional en su sentencia C-355, estableció que la mujer también puede apelar a su derecho a la vida en los tres casos específicos.
En América Latina los países en que está legalizado el aborto inducido en todos lo casos es en Puerto Rico, Guyana, Cuba y Uruguay. Pero en éste último la política es realmente llamativa, al considerarse una de las más persuasivas.
Las mujeres uruguayas están autorizadas a abortar en un plazo de doce semanas, hasta 14 cuando han sido víctimas de una violación, y no tienen plazo cuando hay riesgo para la salud de la madre o el feto es inviable. Para acceder a la interrupción legal, las mujeres deben pasar antes por la consulta de un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social y después deben respetar un plazo de cinco días de reflexión.
El Estado uruguayo persuade a la mujer, cuando su deseo es no tener el hijo, porque no fue planificado o fue consecuencia de una violación. Es decir que mediante procesos psicológicos invitan a la madre a desistir del aborto y entregar al bebé o al niño a las instituciones oficiales, para que estas restablezcan o garanticen los derechos del menor.
Para el Gobierno del Uruguay prevalece la vida sobre cualquier circunstancia, por ello invitan a las mujeres a desistir del aborto, porque está en juego la vida de otro ser humano. Pero el Ministerio de Salud Pública del pequeño suramericano, también ha intensificado los programas de educación sexual como otra manera para prevenir el aborto, por embarazos no deseados.
La propuesta de despenalización del aborto inducido antes de las 12 semanas de gestación, es una forma de reconocer que la política pública de planificación y educación sexual fracasó en Colombia. La propuesta del fiscal Montealegre, sería castigar y penalizar con la muerte a seres humanos en estado de gestación que han de pagar por las malas decisiones que toman padres y madres al momento de tener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección.
En un reciente estudio de la Universidad Externado de Colombia, aplicado a más de 5.000 estudiantes de 42 colegios públicos de la ciudad, se reveló que 49% de las menores de 15 años, que quedan en embarazo, abortan. Además el informe indica que de las menores que aseguraron haber abortado, el 10,2% ha reincidido. Es decir que han abortado hasta dos veces.
El trabajo realizado por el Externado deja otros datos alarmantes: el pico de edad en que más abortos se presentan en jóvenes, es los 14 años. Y tan sólo el 18% de los menores ha utilizado algún método anticonceptivo. El 79% de los menores entre 10 a 15 años, aseguran que ya han iniciado vida sexual.
La despenalización del aborto sería la excusa perfecta para evadir responsabilidades del estado en la no inversión en planificación familiar y métodos anticonceptivos. La solución realmente es que las instituciones de salud pública del país, se responsabilicen en evitar los embarazos no deseados, la principal causa de los abortos inducidos.