Las elecciones locales, el proceso de paz y demás temas coyunturales, por demás taquilleros ante la opinión pública, han soslayado una problemática que padecen miles de connacionales que residen en Venezuela o en las regiones fronterizas, quienes vienen siendo sometidos a situaciones de discriminación y exclusión. Hemos olvidado con mucha ligereza las acciones xenofóbicas del Régimen de Nicolás Maduro contra Colombia, dado que hace tan solo tres meses, bajo un Estado de excepción decretado en los estados fronterizos del vecino país, fuimos señalados de paramilitares y tildados de ser los causantes de la crisis en la República Bolivariana, sumado a un cierre fronterizo prolongado.
Es innegable la delicada situación económica, política y social que atraviesa Venezuela, pero las causas estructurales de dicha crisis se encuentran enmarcadas en el insostenible modelo económico del socialismo del siglo XXI, basado en el asistencialismo, el aislamiento, el excesivo gasto público, el acoso gubernamental al sector privado y la desindustrialización. Sistema que detonó en la era de Maduro, un personaje menos suspicaz y más torpe que su antecesor, Chávez. Lo cual, produjo que la fallida revolución bolivariana perdiera su cauce multiplicando la pobreza, ahuyentando la inversión y proliferando la inseguridad, para lo cual necesitaban un enemigo externo, el cual fuera fuente de toda desgracia y responsabilidad, es ahí donde entramos los colombianos.
Con base en los evidentes estragos que ha causado el socialismo del siglo XXI, es un despropósito que el Régimen bolivariano pretenda atribuirle la responsabilidad al pueblo colombiano, a las personas más humildes y trabajadoras que se encontraban residiendo en ese país en busca de mejores oportunidades o huyendo del conflicto armado interno colombiano, muchos de ellos con status migratorio legal. Por tanto, los ciudadanos de las Américas, en vista de las penosas situaciones que se encuentran atravesando por cuenta del populismo de sus gobiernos, están asumiendo un cambio democrático e institucional que combata la represión a la oposición, permita la libre empresa, propicie el desarrollo y actué conforme a las enmiendas democráticas de una república. Por tales motivos, en Argentina llegó el final del populismo de los Kirchner con Mauricio Macri, y muy seguramente el próximo 6 de diciembre si se respetan las elecciones, en Venezuela también se pondrá fin al nefasto legado chavista.
Aunque el muro de Berlín fue derribado hace 26 años como muestra del fracaso de un modelo político basado en la exclusión, la discriminación y el aislamiento, casi tres décadas después dichas dinámicas siguen replicándose en diversas latitudes del hemisferio. En nuestro caso particular, llevamos 3 meses con una frontera cerrada y bloqueada con alambres, al mejor estilo de una dictadura, expulsando a las personas en condiciones indignas, paralizando el comercio e interrumpiendo las relaciones diplomáticas y productivas de dos naciones hermanas, las cuales se encuentran ligadas histórica y culturalmente.
Los estragos del cierre fronterizo; pese a que el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela ha tenido una tendencia a la baja por tres años consecutivos en la balanza comercial, Colombia es el país que más exporta mercancías y por ende su economía se afecta en gran medida. Del mismo modo, el contrabando no se ha combatido de forma efectiva, junto con un sistema de pagos incierto, producto de la excesiva regularización de la tasa cambiaria en el vecino país y a las deudas de Venezuela con empresarios colombianos, las cuales bordean los 300 millones de dólares, según Magdalena Pardo, presidenta de la Cámara colombo venezolana de Comercio. Para no enredarnos, se trata de divisas que los importadores venezolanos han comprado al gobierno de su país pero que este no ha liquidado por la escasez de dólares en las arcas nacionales.
Pero si bien el cierre de la frontera que declaró Maduro es un desacierto, las acciones de Colombia históricamente no han sido acertadas en materia fronteriza, prueba de ella es que no existe una política pública de fronteras seria, que permita cuidar el territorio y a sus nacionales, por eso, se han presentado sucesos lamentables como la perdida de territorio marítimo en la controversia limítrofe con Nicaragua, sin olvidar que San Andrés aún sigue siendo una pretensión de Nicaragua, o situaciones como las que se presentan al sur del país con Ecuador, país al que le hemos delegado toda la responsabilidad fronteriza, donde por cierto se encuentran un gran número de refugiados, razón de peso para preocuparnos por las buenas relaciones con dicho gobierno y el control fronterizo.
En suma, se debe consolidar la presencia del Estado colombiano en las regiones de frontera, para contrarrestar acciones que atente contra nuestra soberanía y nacionales, exigir que se haga efectiva la carta interamericana de Derechos Humanos, propender por un restablecimiento comercial y por la apertura de la frontera. Y por último, esperar a que el próximo 6 de diciembre los venezolanos pongan fin a un régimen devastador.
Nota: el pasado 19 de noviembre se cumplieron 3 años tras el fallo de La Haya donde Colombia perdió el diferendo con Nicaragua y por consiguiente una considerable porción de territorio. Es hora de cuidar nuestro territorio, ejercer control fronterizo y delimitaciones, no para dividir sino para unir.