Los estudiantes de la Universidad de Antioquia a través de la asamblea, han decidido, en los últimos 4 meses perturbar la normalidad del claustro. A través del llamado paro indefinido, que es tan violento y antidemocrático como la asamblea misma.
Al parecer la asamblea de estudiantes mientras pide más recursos para la educación pública cesa clases en la principal universidad del departamento, desperdiciando los ya pocos dineros de la desfinanciada institución. Olvida, este ente paquidérmico, que los recursos públicos implican un manejo aún más sagrado y delicado que los privados, por tanto la solución no es parar. El antídoto no es pasar por los derechos de los estudiantes que sí quieren estudiar.
El paro lo han querido justificar –principalmente- en el cambio del reglamento de la universidad, pues un sector de los estudiantes ha demostrado su miedo por las políticas de un rector que lo que busca es aumentar la calidad, eficacia y eficiencia en la conducción del claustro.
Por otro lado, se tilda de “privatizante” y “elitista” el cambio del examen de admisión, cuando la gran mayoría de aspirantes provienen de estratos bajos y colegios públicos. ¿Que hay fallas estructurales del sistema educativo público? Sin lugar a dudas, pero no por ello una institución como la Universidad de Antioquia puede permitirse bajar su nivel académico y aumentar su ya desacreditada imagen.
Es tiempo de reformas y políticas que aseguren elevar los niveles de calidad y disminuir los de deserción, donde el primer paso fue el cambio del examen de admisión, pero el siguiente debe ser la reforma del reglamento estudiantil. Hay que jugársela por un examen que exija que a la Universidad de Antioquia ingresen única y exclusivamente los mejores, quienes tengan habilidades en lógica matemática y comprensión lectora, pero también a quienes su disciplina y constancia han probado que tienen experticia y calidad en su vocación u orientación vocacional. Asimismo, es necesario un reglamento que exija altos estándares de calidad que aseguren que los recursos públicos se inviertan eficientemente en cada estudiante.
En definitiva el Estado y la universidad pública no pueden ser subsidiarios de la mediocridad, ni cómplices del populismo: ese que dice que todo es gratis –todo es un derecho- y no importa que se malversen los impuestos que pagan la educación.