La limpieza social, es una forma de violencia mal nombrada. Se trata más bien de un tipo de exterminio del cual se habla poco, se desconoce mucho y cuya incidencia es enorme en nuestra sociedad. A esta conclusión llega el más reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica que por primera vez presenta un panorama sobre la mal llamada limpieza social como expresión de la violencia del conflicto que afecta esencialmente a las ciudades. Esta terrible expresión de rechazo es la manifestación de la incapacidad de tramitar conflictos de convivencia, de la pérdida del valor de la vida humana y de las fallas del Estado para resolver las preocupaciones de las comunidades acerca de su seguridad.
Los testimonios que recoge el informe son un llamado de atención acerca de nuestra manera de convivir: barrios inundados de panfletos en las que se anuncia la muerte, familias incapaces de denunciar las amenazas por miedo y el homicidio como forma de justicia popular. Todo esto termina conformando un retrato trágico de la vida en muchos barrios populares de nuestras ciudades.
Si bien Bogotá ocupa el cuarto lugar entre las ciudades con mayor número de homicidios por exterminio social según las cifras que presenta el Centro Nacional de Memoria Histórica, el informe presenta a la localidad de Ciudad Bolívar como ejemplo tangible del funcionamiento de esta práctica. Allí encontramos comunidades que se organizan para ejercer justicia por mano propia, estigmatización de grupos vulnerables, especialmente los jóvenes y sobre todo un círculo vicioso de impunidad que destruye la confianza entre los vecinos afectando gravemente la convivencia y la seguridad.
Conocer y resolver la problemática de la “limpieza social” es fundamental para que nuestra sociedad pueda cambiar la forma de resolver sus conflictos. La gran contribución a la construcción de la paz en ciudades como Bogotá, debe ser enfrentar este flagelo y entender la manera de cómo el Estado y las comunidades pueden construir confianza y solventar problemáticas en apego a la ley y respeto por los Derechos Humanos.
Erradicar este crimen urbano es un reto que debemos asumir como sociedad, en el que deben confluir Estado, comunidad y organizaciones. Se trata de dignificar la vida, reducir la impunidad y garantizar que no perdamos más el potencial de nuestros jóvenes en la criminalidad. Bien lo dice el informe, reconocer la existencia de esta violencia es el primer paso, pero el segundo debe ser promover políticas públicas que la erradiquen. Garantizar seguridad a la ciudadanía pasa inevitablemente por la presencia del Estado en el territorio, pero con oportunidades para los jóvenes y otras poblaciones vulnerables.
Solventar esta problemática en nuestros barrios pasa por la incorporación de alternativas creativas: el fomento de la cultura de la legalidad, la expansión territorial de infraestructura de justicia y resolución de conflictos y la incorporación de un enfoque comunitario para garantizar zonas fuertemente afectadas por la criminalidad.
Una agenda que priorice el fortalecimiento comunitario y el respeto a la vida por encima de cualquier cosa, es una agenda de seguridad apropiada para nuestras ciudades.