Quiero hablarle a usted ciudadano de a pie, colombiano, trabajador, estudiante, hombre, mujer, joven, y persona interesada en el futuro de este país con el fin de entender juntos lo que está sucediendo en La Habana, Cuba, y de cómo nos debe interesar lo que está sucediendo respecto a los diálogos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP.
Quiero decirle que se está pasando por alto la Constitución Política de Colombia, ya que se están introduciendo algunas modificaciones a la Constitución Política Nacional para blindar los acuerdos de paz en donde se busca sumar un artículo transitorio mediante el Acto Legislativo por la Paz, que pretende tramitar la implementación de los acuerdos en tres debates sin que se den los ocho debates correspondientes al trámite ordinario de un acto legislativo, ya que tal y como corresponde, sin excepción, a la iniciativa de modificar la Constitución se requiere de una segunda vuelta en el trámite de las comisiones y plenarias de cada cámara (ocho debates correspondientes en un lapso no superior a dos períodos legislativos consecutivos) en el Congreso de la República, y para el trámite de proyectos de ley solo serían necesarios dos debates y no cuatro, tal y como exige la ley.
Claramente este Acto Legislativo por la Paz está violando la Constitución, no solo de forma sino también es inexequible de fondo, porque un contenido de trascendencia para el país que no requiera pasar por los ocho debates debidos en dos legislaturas no tendrá una discusión profunda, en la cual la opinión pública se pronuncie, la sociedad colombiana asimile el articulado de los acuerdos con el fin de saber que le conviene al país y que no, y la refrendación del Acuerdo Final se dé no a través de un plebiscito sino a través del mecanismo idóneo que sería un referendo en donde Colombia conozca a ciencia cierta lo que está aprobando.
De la misma forma, otro peligro existente es que se pretende aprobar un acuerdo que ni siquiera el Congreso conoce, siendo el órgano legislativo y representativo del pueblo por excelencia en su calidad de constituyente derivado, sería un verdadero riesgo que se apruebe un cuerpo normativo que el Congreso no ha leído ni se ha puesto a su consideración, ya que se busca que el Acuerdo Final, una vez se firme y entre en vigor, ingrese al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante la implementación.
Por lo tanto, ¿Quién nos garantizará que nada entrará en vigencia hasta que sea refrendado el acuerdo por los Colombianos? El Acto Legislativo por la Paz pretende elevar los acuerdos a categoría “Especial” y blinda jurídicamente lo que se pacte con las Farc. Acuerdo Final que será considerado como un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Esta leguleyada jurídica tiene varios vacíos, uno de ellos es que el Gobierno ignora que un Acuerdo especial es para regular asuntos exclusivos de Derecho Internacional Humanitario (DIH); en ese articulado no caben las reformas agrarias, reformas económicas o de justicia, participación política, etc, esos temas por definición no pueden ser incluidos, y obstinadamente, es lo que pretende el Gobierno Nacional y las Farc al darle estatus de “Especial” al Acuerdo con reconocimiento a nivel internacional.
Por otro lado, otro vacío se encuentra en la errónea visión del Gobierno Nacional de darle una categoría a las Farc que no tiene y es el de grupo beligerante, es decir, según el DIH les están dando un nivel de sujeto de Derecho Internacional lo cual implica dejarlo al mismo nivel del Gobierno Colombiano al suscribir un acuerdo con el Gobierno, constituyéndose esto en un exabrupto.
Por todos estos argumentos, el acuerdo jurídicamente se cae, pero desde un punto de vista integral también posee muchos quiebres, ya que la actuación de las Farc desde hace mucho tiempo dejo de ser en pro de una reinvindicación legítima e histórica de justicia y lucha social, sino la realidad demuestra que al involucrarse en el narcotráfico, en usar el crimen organizado y la delincuencia común para sus fines terroristas, han fortalecido los carteles criminales del país, acentuado el conflicto armado interno y generado nuevas formas de violencia a través de las vías de facto. Sin expresar de alguna manera arrepentimiento genuino y voluntad real de reconciliación.
Si no reflexionamos a tiempo sobre estas alertas, tendremos unos acuerdos viciados y con falencias graves que no darán por resultado la terminación del conflicto y la reconstrucción de una paz estable y duradera en Colombia, sino por el contrario nuevos ciclos de violencia generacional y una “paz” con impunidad, sin cimientos verdaderos de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición a largo plazo.