Tras el inicio del 2017, año de precampaña presidencial, distintos sectores políticos pusieron en marcha sus estrategias de posicionamiento para cautivar incautos, fidelizar seguidores e imponer agenda pública. Por estos motivos, durante los últimos días los titulares hablan de la posible renuncia de Germán Vargas Lleras a la Vicepresidencia y la postulación del General (r) Oscar Naranjo como su posible sucesor. También se lanzó la precandidatura de Claudia López, enarbolando las banderas de lucha contra la corrupción y el bloque de aliados que quiere organizar junto con Sergio Fajardo y los verdes.
En la misma tarea política se encuentran Piedad Córdoba, Alejandro Ordoñez, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, Humberto de la Calle, Clara López y Carlos Holmes Trujillo, entre otros tantos que buscan llegar al Palacio de Nariño para los próximos cuatro años. No obstante, tener aspiraciones políticas es apenas sano y natural, lo realmente inadmisible es que la plataforma para iniciar campaña se base en perjudicar la institucionalidad, impedir que otros gobiernen y engañar al constituyente primario –los ciudadanos-, disfrazando las aspiraciones políticas con el interés por Bogotá e intentar la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa como una forma de medir el pulso electoral de cara a las presidenciales, con el fin de activar con anticipación sus comités políticos, como lo está haciendo la izquierda.
No es un secreto que detrás de los intentos de revocatoria en la capital, se encuentran el ex alcalde Gustavo Petro y el senador Jorge Robledo, quienes tienen trabajando a sus equipos políticos y hasta a su familia, caso del hijo del senador Robledo, Julián Robledo, en los múltiples comités que intentan la revocatoria de Peñalosa, los cuales no solo están divididos, como muestra de su mezquina forma de hacer política sectaria, sino que carecen de argumentos sólidos y uniformes.
Puesto en evidencia los intereses ocultos de la revocatoria y la perjudicial campaña presidencial de los precandidatos de la izquierda, Petro y Robledo, se debe advertir a la ciudadanía de los nefastos efectos económicos e institucionales de la revocatoria en Bogotá, así como de su carácter politiquero. Toda vez que los costos logísticos y operativos de una revocatoria en Bogotá oscilan los 90 mil millones de pesos, de acuerdo con la información de la Registraduría por la instalación de las 13 mil mesas de votación habilitadas en Bogotá. Con esta cifra se podría culminar la ampliación y remodelación del hospital de Kennedy, aumentar el pie de fuerza en seguridad, legalizar más barrios, aportar a la construcción del metro y la construcción de nuevos colegios.
Adicionalmente, de un total de 80 intentos de revocatorias en Colombia, ninguna ha prosperado y solo 37 han llegado a las urnas. Es decir, se gasta dinero y se estropea la gobernabilidad, pero ningún mandatario se revoca.
Indignante también resulta que quienes promueven la revocatoria, demuestran un enorme desconocimiento de la norma, puesto que la Ley 134 de 1994 referente a los mecanismos de participación ciudadana, como puede ser la revocatoria del mandato, fue modificada por la Ley 741 de 2002, señalando como condicionante que “…sólo para efectos del voto programático, procederá la revocatoria del mandato para gobernadores y alcaldes…”
Así las cosas, tras una revisión al plan gobierno de campaña del alcalde Enrique Peñalosa y su respectivo Plan de Desarrollo, aprobado hace tan solo 6 meses, se refleja que el voto programático como lo contempla la Ley 741, se está cumpliendo, debido a que la ciudad ya cuenta con un CONPES y una empresa Metro dedicada a la planeación, contratación y ejecución del metro; de igual forma, se cuenta con la inversión en infraestructura vial por la aprobación de tres billones de pesos destinados a la ampliación de la Autopista Norte, la Carrera 7 y la ALO, la construcción de 30 nuevos colegios, la construcción de 100 canchas sintéticas para el deporte y esparcimiento, y la reactivación de la vivienda en la ciudad para que los bogotanos gocen de casa propia.
En suma, el alcalde Peñalosa está haciendo la tarea, está ejecutando su programa de gobierno, de tal manera que el voto programático –uno de los condicionantes para promover una revocatoria-, sí se está cumpliendo. Por eso, la invitación es para que dejemos gobernar.