¡Nos están matando!, con esta exclamación se expresan los diferentes líderes sociales en pro de la paz, defensores de los derechos humanos y enemigos de la injusticia social.
Para el comienzo del 2017, el número de víctimas a causa de proteger los derechos civiles de sus comunidades ascendía a 117 asesinados, otro centenar de amenazados; una situación bastante preocupante en un marco de construcción de paz y más con los sucesos coyunturales que han demostrado a un país en busca de terminar con los costos humanos que la diferencia social, racional y política nos ha dejado a lo largo de estos 59 años de historia reciente y 207 años de historia como república.
En el contexto nacional los más afectados son los líderes de zonas apartadas y en donde la presencia del estado es escasa, por no definirla como nula; pero las ciudades no se salvan de que sus líderes estén en la lupa de los amenazantes, claro ejemplo son algunos miembros del Movimiento “paz a la calle”, un movimiento social que estipulo después de los resultados del pasado plebiscito, defender y promover la cultura del dialogo para construir una paz incluyente y de todos.
En el movimiento han sido amenazados miembros de todas las ciudades, Santa Marta, Bogotá, Medellín y demás principales urbes del país, claves en el ámbito social y político. Muchos de ellos han dejado su participación activa en el movimiento a causa de no encontrar garantías a corto plazo del estado para prevalecer en el ejercicio, otros ejemplos han sido las amenazas al campamento por la paz, instaurado por más de un mes en la plaza de bolívar y a esto sumamos los amenazados de la Unión Patriótica.
¿Cuál es la causa de dichas amenazas?
La repuesta está parcializada en los dos contextos nacionales más relevantes, en las zonas apartadas del país, se es evidente la existencia de grupos al margen de la ley que promueven la defensa frente a los grupos guerrilleros, denominados grupos paramilitares; estos callan a los líderes por motivos notorios, que son la denuncia de sus acciones en las poblaciones, exigen con propiedad aumentar la presencia del estado y sus instituciones de orden público. Pero en las ciudades porque se da el fenómeno, según el profesor e investigador español Jerónimo Ríos, una explicación está determinada en el papel que cumplen las ciudades en el poder político y como los grupos al margen de la ley interactúan con estos poderes, lo segundo es un análisis social, diferentes líderes comunales y veredales, encuentran su pie de lucha en aquellos que ejercen el ejercicio democrático en las ciudades.
Despertar temor a los líderes es silenciar la democracia, es continuar despertando el importaculismo a los ciudadanos y destruir el proceso de derrocamiento que ha tenido la sociedad frente un estado, aunque diferentes organismos internacionales como la OEA, han pronunciado su alto desasosiego por los eventos ocurridos a lo largo y ancho del país, realizando un llamado al igual que a la Unión Europea a las autoridades estatales para que le apliquen un seguimiento a lo ocurrido y se establezcan medidas que garanticen el pleno goce de las actividades en pro de la paz y los derechos humanos, se sienten varios vacíos institucionales en la implementación de soluciones a largo y corto plazo para seguir construyendo nación y democracia.
Por esto llamamos a todos los ciudadanos apoyar el día de mañana miércoles 15 de febrero de 2017 la marcha nacional de víctimas y salir a las plazas públicas con el objetivo de reprochar estos actos y apoyar a lucha comunal que construye, sin importar banderas ni ideologías políticas.