En lo que va corrido del año el país se ha visto inmerso en dinámicas que en el papel, deberían impulsar el cambio de dirección del quehacer diario de un Estado como el Colombiano; suponemos los colombianos de a pie, que la firma de los Acuerdos de la Habana, el cambio de gobierno en EE.UU. y otros cambios suscitados a nivel nacional e internacional, permitirían el inicio de nuevas dinámicas que de alguna forma, mejoraría el estado de cosas en el territorio colombiano; sin embargo, la situación expuesta día a día, permite evidenciar todo lo contario.
Por ejemplo, vemos cómo en muchos rincones del país, la situación de orden público está gravemente afectada, ya que el inicio de la desmovilización de las FARC ha traído consigo el fortalecimiento de otros grupos armados al margen de la ley, que pretenden ocupar aquellos espacios que los primeros dejaron atrás con el comienzo de la implementación de los Acuerdos de la Habana.
Por otro lado, la globalización se encuentra en plena etapa de germinación en el territorio nacional, aplicaciones de transporte como Uber, ha puesto a revolar aquellas agremiaciones “legalmente” constituidas que prestan el servicio de taxi en el país, según estas últimas, colocándolas en riesgo, ya que aseguran que el primero afecta su trabajo.
Frente a estas dos situaciones en particular, se han adelantado para el mes de mayo algunos paros para exigir la mejora en la situación de orden público en territorios como el Chocó, y, algunos paros para exigir se defina la situación de UBER en todo el país.
Conforme a estas situaciones que aparentemente son distantes la una de la otra, se pude afirmar que el Estado colombiano presenta falencias en la forma de regular y atender las necesidades de la sociedad que lo ocupa. El tema de orden público, cada día se torna más grave debido a los asesinatos de líderes sociales protectores y defensores de Derechos Humanos, así como precursores de paz; el gobierno parece inerte ante los hechos que día a día se presentan en el país. Asimismo, son pocos los avances en materia de regulación del transporte público de lujo, ya que ni los conductores de taxi mejoran su servicio, pero tampoco se generar regulaciones al respecto del servicio que está brindando Uber, catalogándolo como ilegal, pero que los usuarios prefieren por encima del taxi amarillo que recorre nuestras calles.
Conforme a lo anterior, es importante mencionar que ya es hora de que el Estado se detenga a escuchar los clamores de la ciudadanía y proponga soluciones de cara a las necesidades del territorio, la población y los nuevos marcos de referencia que rigen el modo de vida de las ciudades en todo el mundo.