Por estos días la política en Bogotá está en un punto álgido, no solo por la preparación de las próximas elecciones legislativas que se vienen en menos de un año y los susurros de pre campañas presidenciales, sino por otro factor de gran envergadura, la incitación de ciertos colectivos a buscar una revocatoria innecesaria al actual gobierno distrital, cuyas consecuencias no van a ser más que entorpecer el qué hacer administrativo de una ciudad de más de 8 millones de habitantes, que pese a ser el polo de desarrollo del país, no es para nada fácil de direccionar por los múltiples desafíos que afronta a diario.
Es claro que las agrupaciones que piensan instrumentalizar y manipular cierto inconformismo ciudadano con el presente burgomaestre, tienen netamente fines políticos- no hay que hacer un doctorado en marketing político o prospectiva para saber que lo que quieren estos personajes es allanar el camino de un par de campañas “alternativas” que buscan llegar a la Casa de Nariño en el 2018-, por lo que, en ultimas, están utilizando ese disgusto social que se viene dando en las más de 20 localidades, exclusivamente como un trampolín para beneficiarse en las urnas el próximo año, sin importar que se pueda generar un fatídico escenario gubernamental en la ciudad y se termine por agudizar la alta polarización política con que se convive en el distrito capital.
Obviamente hay que sincerarse y es claro que Enrique Peñalosa debe mejorar en sus directrices y lo que expresa en sus discursos. Sobre estos últimos, pareciese que, más que buscar un consenso entre los bogotanos, está generando es un mayor quiebre ciudadano, su alusión a Soacha o al tema de los grafiteros, son solo ejemplos recientes.
Sumado a lo anterior, hay un gran problema en el inexistente diálogo y conciliación sobre proyectos polémicos como la intervención sobre La Reserva Forestal Thomas van der Hammen y la enajenación de la ETB y parte de la Empresa de Energía de Bogotá; solamente basta recordar nombres como Electricaribe y la errónea oleada privatizadora de empresas de servicios públicos de los años 90 para saber que la solución para brindar eficientemente este tipo de bienes no siempre va de la mano con los intereses de las empresas privadas.
Empero, pese a ciertas propuestas y acciones cuestionables que adelanta Peñalosa, no es una revocatoria de mandato la solución -ni siquiera lo era cuando estuvo Gustavo Petro-, porque, reitero, este proceso puede distorsionar en términos administrativos a la ciudad. Futuros escenarios como el desgaste de unas nuevas elecciones, el cambio abrupto de políticas o la nueva clase de alcalde a posesionar, pueden tener más riesgos y efectos problemáticos que el dejar continuar el actual gobierno.
El agravante de la revocatoria en cuestión, es que es amañada, responde a intereses de próximas contiendas en las urnas y a la inmadurez electoral de no aceptar que en las democracias se puede perder o ganar. Además, el pensar que determinadas corrientes son el adalid o el faro político-moral en la toma de decisiones en Bogotá es netamente erróneo, hay que seguir recordando que no hay peores improvisaciones que las de los 3 pasados alcaldes distritales.
Es así, que, si pretendemos ir por la Bogotá que queremos, esa metrópolis cosmopolita y desarrollada que pueda apalancar el progreso de sus habitantes y de paso nuestros connacionales, debemos ser prudentes, racionales y críticos, pero a su vez, constructivos y propositivos con lo que realmente requiere y necesita la ciudad, que no es más que contar con unos consensos mínimos ciudadanos y gerenciales de cara al futuro, en los que se mejore de manera más amplia la seguridad, la educación, el transporte público, la economía, el medio ambiente, y demás. Para tal fin, entonces, al mismo tiempo que se debe dejar gobernar al actual mandatario-porque a pesar de todo se nota que quiere hacer mejor las cosas que sus antecesores-, se necesita que éste escuche más las demandas, sugerencias y propuestas ciudadanas.