Grata noticia fue la que se dio esta semana en el país y que tuvo eco a nivel global, cuando uno de los grupos insurgentes más viejos del planeta, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo o simplemente FARC-EP, entregó 7.132 armas a la misión de Naciones Unidas en Colombia- queda pendiente otro armamento que está en algunas caletas, pero que también en un futuro cercano dejará de ser propiedad de los guerrilleros-, cumpliendo con uno de sus compromisos pactados en el proceso de paz, que realizó dicho colectivo con el gobierno colombiano durante los últimos años en La Habana.
Y es que después de lo que pasó el día martes 27 de junio de 2017, es claro que estamos cada vez más cerca de no tener que coexistir con un conflicto armado interno, por consiguiente, de brindarle a las próximas generaciones una Colombia en paz; además de la posibilidad de no tener que vivir con la constante amenaza de ser víctimas de acciones infrahumanas como los secuestros, las masacres, las desapariciones, el desplazamiento, entre muchas otras.
De la misma manera, es innegable que durante los acercamientos, negociaciones, la firma final del acuerdo de paz y su posterior implementación, han existido múltiples errores en la forma de edificar dicha paz con las FARC-EP. Es más, hasta el día de hoy hay un número considerable de incertidumbres sobre cómo se va a consolidar este nuevo devenir nacional. Sin embargo, es bien sabido, específicamente desde el enfoque académico de la “peace research”, que no ha existido en la historia de la humanidad un proceso con características perfectas, sino más bien, una serie de referentes o “espejos de paz” que en mayor o menor medida sirven como hoja de ruta para eliminar los conflicto armados.
Claramente, hay que señalar que lo que vivimos en esta coyuntura es fruto de divergentes procesos que se realizaron con el desgaste del conflicto armado nacional desde la década de 1990, ejemplos tangibles se vieron con el M-19, el Quintín Lame, el PRT o las mismas AUC. Empero, tales procesos son escenarios que a la par de que pueden traer felicidad, justicia, reparación y verdad a millones de compatriotas- si se hacen de una manera óptima, limpia y noble-, también estropean ciertos intereses, como los de algunos sujetos con pocas ansias de perdón, los de los señores de la guerra, los de los grupos de extremistas políticos y los de algunas organizaciones terroristas y al margen de la ley.
Por ello es primordial de que más allá de solo exigir marcos de transparencia a las partes sobre cómo se desenvuelve y en qué va el proceso como tal de desarme, desmovilización y reintegración o DDR que se está poniendo en marcha con las FARC- EP, es fundamental legitimar y seguirle apostando a prácticas que muestren que la política se puede hacer desde la institucionalidad y que el peor de los errores para cualquier sistema social es hacer dicha política desde las armas y la violencia, como por más de cinco décadas lo hizo las FARC–EP, amparadas en reprochables, viles, terroríficas y nefastas prácticas.
En esta misma lógica, se espera que las partes, FARC- EP y gobierno, sigan cumpliendo con los deberes pactados. Pero también es fundamental que el otro grupo político insurgente de gran envergadura que pervive en el país, es decir, el Ejército de Liberación Nacional o ELN, llegue en un determinado tiempo a un estado de dejación de armas y, así, conseguir lo que algunos denominan una “paz completa” en nuestro Estado.
Por último, hay que insistir en que el sepultar un conflicto político armado, no conlleva per se la culminación de todas las violencias en un territorio, aunque sí representa un avance invaluable para nosotros como nación y, quizá, hasta para la misma civilización occidental, más cuando sabemos que nuestro conflicto, ha dejado más de 8 millones de víctimas; cifra que es bastante disiente y comparable-como para hacerse una idea-con el número total de personas que viven dentro de los límites de países tales como Suiza o Israel.