Muchos atribuyen los problemas de salud en Colombia a la Ley 100 de 1993, pero pocos reconocen sus logros. Un paso por la historia, ayudaría sin duda a entender porque la ley 100 fue el primer paso a un sistema de seguridad social integral incluyente.
Esta columna bajo ninguna circunstancia pretende convencerlos de que el sistema de salud en Colombia es perfecto, pues sería ilógico negar lo evidente. La seguridad social en nuestro país atraviesa una crisis y no es exclusivamente por una ley expedida hace 24 años.
Antes de la reforma de 1993, la cobertura en salud llegaba máximo al 31% de la población colombiana, los niveles de desigualdad en la atención de salud acrecentaban la pobreza y la pobreza extrema, y no existían bajo ninguna circunstancia recursos de solidaridad entre el sector público y privado (Cifras Fedesarrollo).
Gracias al sistema de régimen contributivo para los colombianos con capacidad de pago y el régimen subsidiado para aquellos colombianos con escasos recursos, contemplados en la ley 100 de 1993, se logró un aumento de cobertura al sistema de seguridad social en salud. Se pasó de una cobertura del 31% en 1990 al 95% en 2008 hasta la fecha (Cifras Fedesarrollo).
El esquema planteado en la ley 100 de 1993 logró incentivar la competencia para promover calidad y eficiencia entre todos los afiliados al sistema de seguridad social en salud tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado. Ante una emergencia médica tanto el afiliado a una EPS, como el beneficiario del régimen subsidiado (SISBEN) y como el usuario del plan de salud prepagada, tienen acceso a cualquier clínica, hospital o puesto de salud, gracias al esquema de calidad, equidad y eficiencia implementado en la ley.
La solidaridad se planteó como principio fundamental de la reforma de salud de 1993. Se logró solidaridad en el financiamiento, planteada en términos de solidaridad entre ricos y pobres. Los colombianos del régimen contributivo aportan un punto y medio de cotización para la financiación del régimen subsidiado.
La ley que hoy muchos critican sin conocer sus logros, triplicó la cobertura alcanzada en 1990. Debo resaltar como gran logro, que la ley 100 ha contribuido a cerrar la brecha entre ricos y pobres. En 1990 la cobertura del 31 % equivalía en su mayoría a los ricos, en 2003 la cobertura llegó a 85% del cual la mitad pertenecía a personas de escasos recursos. (Cifras Fedesarrollo)
Quien desconozca el logro de alcanzar un cobertura del 95% y otorgarle a los más vulnerables la posibilidad de tener acceso a un sistema de salud integral, bien puede decir que la ley 100 de 1993 fue mala. Pero si por el contrario considera que fue pertinente la reforma que redujo la brecha entre ricos y pobres en el acceso a la cobertura de salud, explíquele a ese colombiano que quizás desconoce y atribuye todo lo que pasa en Colombia relacionado con la salud a la ley 100 de 1993.
Como lo dije al principio, el sistema de seguridad social en salud no es perfecto, pero sus problemas no son atribuibles exclusivamente a una ley expedida hace 24 años. En mi concepto, el gran problema radica en la ausencia de regulación financiera a las EPS Y ARL. Actualmente no existe un sistema de vigilancia y control eficaz que permita inspeccionar el funcionamiento financiero de estas prestadoras de servicios de salud. Si bien la Superintendencia de Salud vigila a las EPS, esta vigilancia está relacionada con la correcta prestación de servicios a los usuarios, dejando de un lado la vigilancia a sistema económico de las EPS, que termina siendo el punto de quiebre de los problemas que atraviesa el sistema de salud.
Es incomprensible que actualmente las EPS esperen que un usuario interponga una tutela para poder otorgar un tratamiento necesario para salvaguardar su vida, sencillamente porque las EPS no tienen la disponibilidad presupuestal adecuada para garantizar los servicios que deben prestar.
El derecho a escoger donde ser atendido se está viendo menoscabado por la integración vertical entre EPS Y IPS, ya que la mayoría de EPS prestan sus servicios de atención únicamente a través de su red empresarial, generando congestión y demoras en la atención. Pero estos problemas no son de la ley 100, sino de la falta de compromiso de los congresistas para modificar y adecuar la ley a los problemas actuales. Hay que reconocer los avances logrados por la ley y adoptar las medidas necesarias para superar las crisis y problemáticas que afronta el sistema actualmente. Necesitamos menos quejas y más propuestas, necesitamos renovación para 2018.