Por: Laura María Amaya Meneses
A pesar de los esfuerzos realizados por la comunidad internacional para hacer visible el delito de trata de personas, el alto porcentaje de víctimas a lo largo del continente americano es alarmante. Una terminología universal del mismo, dio como resultado que se incluyera en los marcos legislativos de los Estados, lo que significó el primer paso para hacer frente a este caso de seguridad multidimensional.
Para el año 2016, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) registró cifras en las que el 55% de las víctimas eran producto de explotación sexual en Norte y Centro América y el Caribe, además un 70% de aproximadamente 8.900 víctimas detectadas en la región son mujeres y niñas.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) expuso una correlación entre el PIB de los países y los flujos de trata. Es decir, los 6 países de la región que son de ingreso alto como Estados Unidos, Canadá, Bahamas, Barbados, Brasil y México, son considerados como potenciales destinos de víctimas de trata provenientes de diferentes orígenes, incluso de otros continentes.
Asimismo entre los 27 países restantes del hemisferio, se registraron ingresos predominantemente medios y bajos. Por lo que en estos países se evidenciaban principalmente corrientes de trata nacional o subregional. En ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) identificó en un informe realizado en 2016 que en Norte América el trabajo forzado representa, un 40% de aproximadamente 6.800 víctimas detectadas entre 2012 y 2014, las cuales se dedican a trabajos como la servidumbre en diferentes sectores de la economía.
Por su parte la trata de niños ha crecido de manera exponencial en Centro América, el Caribe y Sur América, esta área caracteriza el segundo nivel de trata más alto detectado a nivel global, después de África Sub-Sahariana. Representa alrededor del 40% de las víctimas detectadas en países Andinos, tales como Ecuador, Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia. Este delito tiene como finalidad someterlos a trabajos forzosos, mendicidad, la comisión de infracciones menores y el combate armado.
Por otra parte, siendo el delito de trata un fenómeno delictual complejo con múltiples aristas, muchos países de la región han dado un sólido progreso legislativo e institucional desde el año 2000 con la aprobación del Protocolo de Palermo. Aunque pese a ello, en la actualidad existen muy pocos fallos condenatorios por trata de personas en el hemisferio.
En ese sentido, la proporción entre número de víctimas y de tratantes condenados en el primer caso de tribunal, son exponencialmente mayores las cifras de víctimas ya que son aproximadamente cinco por delincuente condenado, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el año 2016.
Lo anterior es un reflejo de las profundas dificultades que afrontan los sistemas judiciales en el continente, la prevención y procuración de justicia son elementos importantes, mas no suficientes, si no se considera con el mismo ímpetu la protección y la asistencia a las víctimas de trata.
Sin duda lo anterior contribuye a romper el ciclo de la trata de personas, al ofrecer a las víctimas una oportunidad real de reiniciar su vida. Todo esto requiere de un verdadero compromiso interinstitucional en el que la cooperación entre las entidades públicas y la sociedad civil resulta fundamental.
Finalmente los instrumentos jurídicos y de cooperación internacional son quienes han dado el mayor aporte para generar una red de conocimiento y visibilidad del impacto a nivel transnacional, regional y local en términos prevención, protección, represión y sanción de la trata de personas. La investigación rigurosa y atención a víctimas es fundamental por parte de los Estados, para luchar de manera efectiva contra las violaciones de los derechos humanos que supone el delito de la trata de personas.