Por: Juan David Escobar Cubides
Las drogas constituyen un cáncer que debemos vencer. No puede haber lugar a vacilaciones frente a un flagelo espurio que despedaza los cimientos más sagrados de la condición humana. Para la decadencia social, observamos que la droga destruye hogares, familias, sueños, metas, proyectos, ilusiones y todo aquello que sea positivo dentro de la coexistencia social. Y es así puesto que la drogadicción es como un demonio que corroe el bienestar y la integridad de las personas, pues son pocos quienes salen bien librados cuando caen en el consumo de estas.
Además, ningún ser humano puede desempeñarse y relacionarse debidamente en la sociedad padeciendo deficiencias mentales por consecuencia del consumo de alucinógenos. Y, efectivamente ello es lo que ocasionan las drogas: enfermedades mentales desastrosas, puesto que las neuronas y el sistema nervioso disminuyen sustancialmente en su idóneo funcionamiento. La capacidad de circulación se estanca y la energía vital del ser humano se desvanece con alterados comportamientos de ira, depresión, pereza y desidia. ¡Una realidad preocupante!
Por tal razón, tenemos, en nuestra opinión, que apoyar con vehemencia la política antidrogas planteada por cualquier gobierno, toda vez que es menester comprender tres aspectos vertebrales.
- Es un asunto de salud pública, por ende, nos compete a todos en general como integrantes del conglomerado social. La situación no es de unos ni de otros, porque nos afecta a todos en su totalidad. La problemática es general y abstracta.
- Este flagelo compromete el buen trasegar de la economía colombiana, pues bien sabemos que el microtráfico y el narcotráfico son enemigos potenciales de las sanas finanzas, generando de dicha manera desempleo, corrupción, violencia y alteración en la comunidad.
- Siendo lo más deplorable, encontramos como día a día nuestros niños, jóvenes y adultos recaen en vicios negativos que los motivan a delinquir y a destruir las familias colombianas. De esta manera, incrementa la delincuencia organizada y se alimentan las estructuras criminales al servicio del narcotráfico, utilizando a nuestros jóvenes como carne de cañón.
Motivos de sobra para decomisar la dosis mínima que porte cualquier ciudadano, pues de esta manera contribuimos con la lucha y evitamos mínimamente la degeneración de las generaciones venideras. Por supuesto, teniendo en cuenta, también, que es deber del Estado garantizarles a los consumidores en su calidad de enfermos mentales, rehabilitación y resocialización ya que muchos queriendo curarse no cuentan con las posibilidades socioeconómicas para someterse a un tratamiento determinado.