En los Gobiernos de la región Latinoamericana se han prendido las alarmas por el incremento de la presión migratoria del pueblo venezolano. Las cifras de este éxodo son considerables, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), los flujos ascienden a más 2,3 millones de personas que migran hacia países como Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. (Fuente: El Tiempo).
Entre migración pendular, de tránsito y con vocación de residencia, los venezolanos deben recorrer grandes distancias, muchas de ellas a pie y enfrentarse a la intemperie y el hambre por largos periodos (Fuente: El Espectador). Mientras que las autoridades venezolanas competentes les hacen entrega de pasaportes y documentación, que suelen tardar en expedirse más de tres meses, para cumplir con los requisitos migratorios de sus países vecinos.
Algunos gobiernos han tomado medidas para controlar la migración hacia sus países, es el caso del Gobierno ecuatoriano, que a pesar de no compartir frontera con el país bolivariano, recibe a más de cuatro mil venezolanos por día. Fue así como el 18 de agosto del presente año, decidió restringir su flujo al exigir el pasaporte para cruzar la frontera y con solo una semana de diferencia, Perú se sumó a la misma medida. (Fuente: elpais.com)
No obstante, en la región se respira un aire de inconformismo y surgimiento de manifestaciones xenófobas, que no había existido antes por esta población, como ocurrió en Pacaraima, Brasil, donde se dio una expulsión masiva de aproximadamente 1.200 inmigrantes venezolanos a causa de frecuentes disturbios con la población brasileña. Por tanto, la repatriación fue la solución para muchos.
Asimismo, en Cúcuta, Colombia, principal válvula de migración venezolana, se han registrado muestras de intolerancia dadas por la competencia que estos representan para acceder a recursos como el trabajo y la salud. Por lo que dicha percepción ha causado que muchos inmigrantes sigan transitando hacia otras ciudades o países.
Cabe resaltar que la comunidad internacional se ha manifestado de diferentes maneras. Las más relevantes han sido por parte de organismos como la ACNUR, la OIM, el Grupo de Lima en la OEA y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Un ejemplo de ello ocurrió el pasado jueves 27 de septiembre, durante la sesión de la Asamblea General de la ONU, donde La Alta Comisionada para los Derechos Humanos y expresidente de Chile, Michelle Bachelet, presentó la primera resolución que se aprueba en la historia sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de esta organización.
Mediante esta, 23 países le piden al Gobierno de Venezuela que abra sus puertas a la asistencia humanitaria, para solucionar la escasez de comida y medicinas. Además, expresa su gran preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria. Por su parte, el Embajador de Venezuela en Ginebra, Jorge Valero, condenó la resolución y la consideró como “el comienzo de una escalada intervencionista”.
Sin duda esta es una problemática que ha puesto en jaque al hemisferio americano, en todos sus frentes. Porque si bien los Gobiernos de la región han sido generosos en su respuesta, se requiere de un plan de acción conjunto que permita la rápida adhesión temporal de estos a sistemas legales, de salud, trabajo, sistema educativo y sanitario. Como también, promover la coexistencia pacífica y prevenir manifestaciones de discriminación y xenofobia.