Cuando el precio del petróleo cayó de 110 USD a 30 USD por barril, las exportaciones en Colombia se redujeron entre 2013 y 2016 un total de 25.600 millones de USD, llevando consigo una caída en las exportaciones petroleras de un 70% durante el mismo periodo, según cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
Los ingresos petroleros del Gobierno cayeron entre el 2013 y 2016 un 96%, alcanzamos una TRM de $3.300, y una inflación anual con variaciones de alrededor del 9%, principalmente por el aumento del precio sobre la canasta de bienes y productos importados. La tasa de desempleo encontró un punto de inflexión en 8.9% para el 2015 y un repunte de 0.3 puntos porcentuales para el 2016. La inversión extrajera directa descendió entre el 2013 y 2016 un 14%.
Las condiciones coyunturales obligaron al gobierno a reducir los gastos en 1.1% del PIB, y tramitar la reforma tributaria en el 2016 para cumplir los principios de sostenibilidad fiscal de la Ley 1473 de 2011. Estas medidas logro continuar avanzado en la reducción de la pobreza multidimensional y la desigualdad, donde para la primera se redujo de 24.8% en 2013 a un 17% en 2017, y en la segunda, el Coeficiente de Gini cayó de 0.539 a 0.508, todas cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Esa reforma logró una adición presupuestal para el 2017 de $8.56 billones que fueron destinados para programas sociales, igual intención de la actual Ley de Financiamiento. La reforma tributaria de 2016 no fue un capricho gubernamental, fue en realidad una reforma necesaria que permitía mantener la regla fiscal, la inversión en programas sociales, y la competitividad empresarial, redujendo gradualmente la tarifa impositiva sobre la renta para personas jurídicas.
La actual Ley de Financiamiento tiene principios básicos y similares a la reforma tramitada anteriormente por el presidente Santos, esta busca recaudar el déficit de $14 billones que tiene el Presupuesto General de la Nación de 2019. Para funcionamiento se pretenden recaudar $2.9 billones para salud, $0.8 billones para el posconflicto, y $0.3 billones para la justicia, defensa y relaciones internacionales.
Para inversión, el recaudo es de alrededor de 10 billones de pesos, donde los principales ítems beneficiados será la educación, con el fortalecimiento del Plan de Alimentación Escolar, créditos educativos por el Icetex, y mejoramiento de la infraestructura educativa. Se fortalecerán los subsidios a la energía, más recursos para el posconflicto, familias en acción, vías terciarias, y demás programas que traen línea similar al contenido programático del presidente Santos.
Lo anterior significa que, desde el terreno netamente político, el actual presidente Duque tendrá que vivir las mismas circunstancias del anterior Gobierno. Donde la balanza se encuentra equilibrada por romper la regla fiscal y quizás el grado de inversión, perder el capital político y popularidad por aumentar la base impositiva del IVA, o suspender el gasto de funcionamiento y la inversión en los programas sociales.
El abanico de opciones de Duque corresponde a: Primero, Tramitar y que se apruebe la reforma tributaria, financiar el PGN 2019, cumplir la regla fiscal, mantener la calificación, asumir los costos políticos y burocráticos de repartir lechonada – la anteriormente llamada mermelada –, afrontar las disminuciones de popularidad, capotear las posibles reducciones del consumo, y confiar en que los empresarios utilizaran el ahorro en inversión y creación de nuevos empleos.
La segunda opción es no pasar la reforma tributaria, aceptar el recorte al gasto y la inversión de programas sociales, mantener la regla fiscal y las calificaciones, tener a corto plazo buena popularidad con la ciudadanía, generar mala reputación entre los empresarios que financiaron su campaña, desestimular la creación de empleo y la inversión empresarial, y con el futuro afrontar la caída en popularidad por no financiar los programas sociales, como Familias en Acción.
Y por ultima opción: no pasar la reforma tributaria, pero financiar con deuda el gasto y la inversión de programas sociales, romper la regla fiscal, perder la calificación, tener buena popularidad con la ciudadanía, poner en duda la estabilidad macroeconómica del país, afrontar la reducción en inversión privada, incumplir las promesas a los empresarios, generar incentivos para no crear empleos, reducir a largo plazo el consumo y la demanda, tener mala popularidad a largo plazo y perder el capital político.
Claramente estas opciones pueden cambiar y variar, pero se hacen con buenos supuestos políticos y económicos. Duque no la tiene fácil, está entre un jaque y depende de él que no sea un jaque mate. Afrontar los problemas del país requiere de verdadera astucia política y económica, deberían, con mucho cariño, los amigos del gobierno no ser tan jabonosos y lograr una integración entre los que sabemos y estamos dispuestos a ayudar, y los que necesitan ayudan, que al final somos todos los colombianos.
La agenda es amplia y el camino es culebrero, aún falta la reforma laboral, reforma a las pensiones, reforma a la política, reforma a la justicia, entre otras que brinden la senda de desarrollo económico. No es momento para pensar en revanchismo de campaña y seguir gobernando sectorialmente, porque de quizás esto será el inicio de jaque mate para el Gobierno.