La reforma tributaria o ley de «financiamiento» que propone el presidente Iván Duque, contradice totalmente la propuesta de campaña en la cual prometió bajar los impuestos y mejorar el salario mínimo de los colombianos. De igual manera, dentro de sus promesas se incluía aumentar el ahorro del Estado a través de medidas como: la reducción de gastos innecesarios, reforma a la administración pública, evitar la evasión fiscal y atacar la corrupción con el fin de bajar el impuesto del iva en un 1%.
El ministro Alberto Carrasquilla propone reducir los impuestos a las personas jurídicas (empresas, corporaciones…) y gravar a las personas naturales con un IVA a los productos de la canasta familiar, con el fin de recaudar $14 billones que le hacen falta al presupuesto nacional. Esta reforma busca ampliar la base impositiva gravable y generar incentivos económicos para que las empresas generen más empleos.
Numerosos estudios han demostrado que en la teoría se ve bien, pero en la práctica no resulta tan efectivo.
Desde finales de los años 70, empezó a tener auge la política de bajar los impuestos a los más pudientes de la sociedad con el fin de reducir sus costos y de esta manera incentivarlos a invertir y producir más, generando más empleo y aumentando sus ganancias.
La tasa promedio de impuesto a la renta para los más ricos en los países más avanzados miembros de la OCDE cayó de 62% en 1981 a 35% en 2015. Al contrario de lo que se creía, el ingreso medio de los estadounidenses se estancó a finales de los 80 y a principios del nuevo siglo se redujo en 11%. (Duque, 2018 )
Dentro del contexto colombiano la llamada ley de “financiamiento” no tendría un efecto positivo para la generación de nuevos empleos y para mejorar el salario mínimo. Para que este tipo de reforma sea efectiva, la base gravable colombiana debe cumplir con estos requisitos. Primeramente la mayoría de la población debería tener un ingreso per cápita fijo, sin embargo, en un país donde la tasa de desempleo es volátil esta medida expondría a las personas de clase media a condiciones de pobreza en caso de quedar desempleados. También, que la progresión de los impuestos en este caso no se dirigirán hacia la inversión si no hacia la sostenibilidad de la deuda fiscal.
Esta medida desincentivaría el consumo y la demanda interna de los hogares afectando principalmente a las empresas locales y nacionales. Los primeros efectos de esta propuesta se han empezado a vislumbrar en el panorama nacional. Las personas han empezado a perder la confianza en consumir y esto está afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Todo esto perjudicaría gravemente los avances que se han logrado en materia de consumo y demanda interna en las cuál se ha experimentado un crecimiento en el 2017 del 2,9% para el primer trimestre a 3,2% en el segundo trimestre del año. Lo anterior debe ser señal de alarma para evitar la desaceleración de la economía en esta nueva fase de recuperación. (Echavarria, 2018 )
El tono conciliador y negociador del actual presidente, les ha permitido a otros partidos políticos poner en la mesa nuevas propuestas que permitan recaudar los 14 billones sin necesidad de gravar la canasta familiar. Entre las diferentes propuestas se encuentra eliminar el IVA descontable, gravar los movimientos del sector financiero, gravar los dividendos de las empresas en un 17%, impuesto a viviendas de más de $ 850 millones de pesos, gravar las pensiones más altas (megapensiones), entre otras. Más allá de estas propuestas, invito a la ciudadanía a ser activos políticamente siendo veedores de las promesas de campaña con el fin de que se materializan en este periodo presidencial.