Los colombianos no la han pasado nada bien en los últimos años. El 55% de la población asegura que sus ingresos escasamente alcanzan a cubrir los gastos mínimos, el 50% ganan hasta $1,5 millones de pesos, mientras que el 26% es pobre. En materia de mercado laboral el 10% de la ciudadanía es desempleada, y en lo que respecta a desigualdad, Colombia es uno de los 5 países con peores indicadores en el mundo sobre esta materia, el 1% de los más adinerados de nuestra Nación concentra el 40% de la riqueza y el 20% del ingreso total. Ante semejantes injusticias ¿qué podemos hacer?
Se han creado diferentes consensos sobre las causas de estas inequidades, uno de ellas es que en Colombia hay baja productividad y nula competitividad ¿Cómo se puede mejorar este par de indicadores?
Por un lado, se necesita una adecuada articulación entre el Estado y el mercado, en el que las dos instituciones suplan mutuamente sus deficiencias naturales. En esta relación, la política fiscal juega un papel fundamental porque es un mecanismo de generación de incentivos en la economía. Por el lado del gasto público, se debería priorizar en áreas que permitan desarrollar actividades de alta productividad como las del sector industrial. Es crucial entonces, que el presupuesto general de la Nación se invierta en educación, ciencia, tecnología y subsidios condicionados para algunas actividades industriales que sean susceptibles de exportación. Para fortalecer la competitividad, se debe invertir en infraestructura. Es necesario buscar medios de transporte más eficientes, por ejemplo: trenes de alta velocidad. Además, es importante localizar las empresas en áreas geográficas estratégicas del país, con esta medida se podría reducir el costo de transporte y crear desarrollo regional.
Ahora, por el lado de los impuestos se deberían crear beneficios tributarios para las empresas, siempre y cuando estas demuestren mejoras en productividad, competitividad y empleabilidad. De igual manera, es fundamental garantizar una estructura tributaria sencilla con la cual se reduzcan costos de administración tanto para el Gobierno como para los contribuyentes, con esta decisión se podría aminorar la elusión y la evasión fiscal.
A pesar de que el Gobierno se preocupa por la competitividad y productividad, en sus decisiones de política, por lo menos en el aspecto fiscal y de inversión, no son consecuentes con dichas problemáticas. Entre 2018 y 2019 la inversión en ciencia y tecnología creció 7,2%, educación superior en 11% mientras que el sector defensa tuvo un aumento de 65% (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2018). ¿Cómo vamos a mejorar la productividad si no hay mejoras en ciencia ni educación? Mientras Colombia gasta 0,25% de su PIB en ciencia y tecnología, los países de la OCDE gastan 2,24% (Banco Mundial, 2018). La ciencia y la educación atacan la desigualdad, permiten la innovación y mejoran la productividad.
Por el lado de la política tributaria, el sector que más concentra deducciones y exenciones en la economía es el sistema financiero con un promedio de 30% y 34% respectivamente (DIAN, 2018). Entre 2001 y 2018 el sistema financiero ha aumentado sus utilidades en 1.900% sus mientras que el empleo del sector apenas crece en 156% (Superintendencia Financiera, 2018) ¿Cómo se mejorará la productividad si le damos beneficios tributarios a sectores improductivos incapaces de crear empleo?
Lamentablemente las decisiones en materia de política fiscal del presidente Duque no están alineadas con las necesidades económicas del país. En materia de gasto, la guerra y la deuda son prioridad, mientras que en temas tributarios se dan beneficios a sectores improductivos.
Necesitamos un pacto por la equidad, la competitividad y la productividad entre el Estado, los empresarios, los sindicatos y en general toda la sociedad, que permita el bien-estar de los colombianos. Este pacto debe contener cinco elementos. Primero, que el gasto público para educación y para ciencia y tecnología crezca de forma exponencial. Con esto se ataca la desigualdad pero también se mejora la innovación y la productividad de la economía. Segundo, beneficios tributarios para empresas según su tamaño y generación de valor, condicionando dichos beneficios a mejoras en productividad, competitividad y empleabilidad. Tercero, localización de empresas en áreas geográficas estratégicas que permitan disminuir costos de producción y garantizar el desarrollo regional. Cuarto, incentivos fiscales para la transformación de la matriz energética del país. Quinto, necesitamos una reforma tributaria realmente estructural con la que evitemos estar cada 18 meses haciendo cambios en el estatuto, superando la apelación de impuestos regresivos como el IVA que afectan a los hogares de clase media y sectores populares y en el mediano plazo a la demanda agregada.
Invito a todos los partidos, gremios, sindicatos, Gobierno y demás actores a firmar este pacto por el bien-estar de los colombianos.