En el imaginario colectivo de la sociedad colombiana crece con rapidez la cólera, la indignación, la frustración manifestándose como ese llamado «dolor de patria», al ver que pese a los bastos esfuerzos por reconciliar ideologías diametralmente opuestas, nuestra amada tierra sigue en sumida en la guerra.
Ha pasado más de una semana desde aquel doloroso atentado en Bogotá, cuando un carro bomba irrumpió en la Escuela de Policía General Santander, en el que fallecieron más de 20 jóvenes policías. El dolor era palpable, pero se hizo evidente el pasado domingo 20 de enero durante la marcha contra el terrorismo, realizada a nivel nacional. Víctimas, población civil y líderes políticos de todas las corrientes ideológicas marcharon para rechazar estos actos y solidarizarse con los familiares, manifestando una vez más el descontento generalizado.
En los periódicos nacionales se alimenta una incertidumbre que gira entorno al siniestro y sus autores materiales. En primera medida, por las prontas declaraciones sobre los avances en materia de investigación por parte del fiscal general de la nación, quien a pocas horas de lo ocurrido y casi de manera perfecta le daba conocer al país todo lo relacionado con el atentado. Cabe mencionar la baja legitimidad del funcionario que hoy se encuentra en el ojo del huracán mediático por sus supuestos nexos con el caso de corrupción más grande América Latina, Odebrecht.
En cuanto a los autores materiales, algunos medios planteaban hipótesis un tanto conspirativas, pero tristemente nada descabelladas. Sin embargo, la guerrilla del Ejercito de Liberación Nacional (Eln) reconoció abiertamente su responsabilidad, en un comunicado por redes sociales. En este sobresale la supuesta falta de compromiso por parte del Gobierno con el proceso de paz que se adelantaba con este grupo ilegal en La Habana, Cuba.
A raíz de este execrable hecho, el presidente de Colombia, Iván Duque tomó la decisión de acabar con los diálogos exploratorios que se adelantaban con el Eln y con el protocolo entre Cuba y Colombia, el cual esta amparado por el Derecho Internacional. Por tanto, el Gobierno colombiano estaría ad portas de cambiar la percepción política y jurídica que había frente a los Acuerdos de Paz, generando un fuerte distanciamiento de relaciones con Cuba.
Respetar los protocolos
Cabe resaltar que en anteriores gobiernos, como en los de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, se respetaron los protocolos pactados así hubiesen rupturas en las negociaciones, ya que estos se encuentran en un nivel superior al constitucional. En efecto, cuando fracasaron las negociaciones en el Caguán en el año 1998, durante el primer acercamiento fallido con el Eln en 2007 y la suspensión de la negociación en 2015 por la muerte de los 11 militares en el Cauca, siempre se respetaron los protocolos.
Es imperativo hacer la aclaración: estar de acuerdo con el cumplimiento del Derecho Internacional y en ese sentido con los protocolos, no significa tolerancia o aceptación al hecho atroz ejecutado por el Eln. Esto es un contrato que da a lugar a unas mínimas garantías y genera confianza entre los actores y la comunidad internacional que es garante del mismo. Es así como este juega un rol practico, no es un mero saludo a la bandera.
Por otra parte, algunos expertos afirmaban ampliamente que “somos una sociedad violenta, que esta destinada a sucumbir por nuestra naturaleza autodestructiva, y que no existe factor que una más a nuestra nación que la tristeza y el dolor de la guerra”. Sin embargo mi joven ímpetu se niega a conformarse con que esto siempre será así.
La sociedad colombiana ha evolucionado, no queremos ver más a nuestro pueblo sufrir por el yugo de la guerra. Los jóvenes que crecimos viendo a diario noticias de violencia y terror, ahora tenemos voz y somos obstinados activistas de la paz. La esperanza de construir una mejor Colombia no solo reposa en nuestros corazones, seguimos trabajando para que esta sea posible. Entonces, queridos lectores, les pregunto ¿qué granito de arena están aportando por la paz de Colombia?.