Nuestro departamento de Córdoba atraviesa una grave crisis humanitaria. Desde el pasado 21 de marzo han venido ocurriendo hechos que hacen tambalear la seguridad de los habitantes del sur cordobés. Ya van más de 700 familias, alrededor de 2.500 desplazados, que abandonaron sus hogares por miedo a perder su vida.
El 40% de estos son niños. Pero ellos no son los únicos pequeños afectados. Los colegios de la región han interrumpido las clases para recibir a estas familias, campesinas en su gran mayoría, perjudicando así la educación de los pequeños. Esta crisis está cada vez más grave y no da espera. Necesitamos la pronta intervención del Gobierno.
El pasado fin de semana, junto a mi compañero de la Cámara de Representantes Andrés Calle: la senadora, Ruby Chagüi;la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia; el presidente de la Asamblea Departamental, Isidro Vergara; y el Ejército Nacional, tuve la oportunidad de visitar la zona y hablar con los refugiados en el corregimiento de Juan José, Puerto Libertador.
Gracias a la unión de esfuerzos, junto con otras empresas privadas como Cerromatoso y EPM, logramos gestionar y entregar aproximadamente 10 toneladas de comida para estas familias que han sido olvidadas por el Gobierno Nacional. De hecho, es la ausencia del Estado la causante de la crisis. El Clan del Golfo, las Autodefensas Gaitanistas y disidencias de las Farc han ocupado el lugar que le corresponde a la Fuerza Pública. Estos grupos se pelean por el control en la zona para expandir rutas de narcotráfico y cultivos ilícitos, generando así más pobreza, zozobra y violencia entre los habitantes del sur del departamento.
No podemos retroceder. No es posible que Córdoba, ni ningún otro departamento del país, regrese a las épocas donde reinaba la violencia cuando ya se creía que habíamos logrado la paz, y que el campo podía ser fuente de oportunidades. Si dejamos que se pierda el orden desde las regiones, poco a poco todo el país va a retroceder hacia el miedo colectivo que se sentía en las calles de las ciudades durante los años ochenta y noventa.
Por eso, la magnitud de esta crisis no se soluciona con mercados ni pañitos de agua tibia. Lo que está pasando se ha convertido en una denigrante problemática social que afecta la educación, la economía y la seguridad de la zona, donde además se han registrado asesinatos y desapariciones de líderes sociales durante los últimos meses.
Necesitamos acciones prontas y de fondo que ataquen directamente esta problemática. No se trata solo de asistir a la población desplazada sino de protegerlos para garantizar su seguridad. Exijo al Gobierno Nacional que preste atención y priorice la situación en el sur de Córdoba. Estas familias necesitan regresar a sus hogares. Es hora de que el Estado empiece a saldar la deuda que desde hace varias décadas tiene pendiente con el campo; y garantizar la seguridad, es apenas el primer paso para hacerlo.