Tras la conmemoración del día de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado que se celebra cada 9 de abril gracias a la aprobación de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), son muchas las dudas y temores que aún quedan en el aire para quienes han tenido que soportar no solamente el sufrimiento personal y familiar como consecuencia de nuestra violencia histórica, sino el permanente olvido del estado y de una sociedad indolente.
No obstante, son varias las autoridades que quieren seguir trabajando para aportar un grano de arena y obtener materialmente los objetivos que la Ley demanda, pero lo cierto es que tras ocho años de vigencia de la ley de víctimas y a menos de dos años de su terminación, aún no se puede hablar de un verdadero cambio en donde existan garantías para la víctimas, cero vulneraciones a las comunidades y sociedad civil, sino que año tras año adherimos un recuento de las nuevas víctimas que se integran a las cifras de violación de derechos.
Las organizaciones y mesas de víctimas de todo el territorio nacional aún trabajan por buscar el reconocimiento y garantía de los derechos de los más de ocho millones de personas incluidas en el Registro Único de Víctimas, quienes sufrieron y sufren diversos daños en medio del conflicto armado, actos terroristas, amenazas, desapariciones forzadas, desplazamientos, entre otros. Ahora, enmarcadas en situaciones de abandono estatal y apatía social, la labor de los líderes de víctimas se hace más fehaciente mediante diversas actividades que buscan que la sociedad no las olvide y que su institucionalidad realmente trabaje por una genuina reparación y por una garantía de no repetición, aunque el escenario sea cada vez menos alentador.
Pero lo que resulta aún más grave y que no se puede permitir, es que, tras un proceso de Paz, sigan siendo los niños quienes resulten más afectados. De las 8.771.850 víctimas, 2.365.997 son niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años. Una cifra que más que escandalizar, debería sentar un precedente de cambio para frenar el actuar por parte de quienes se esfuerzan en seguir haciendo daño a nuestra nación. Para el año 2018, según cifras de la Unidad de Víctimas, 77.107 menores de edad fueron objetivo del conflicto que aún ronda por nuestros departamentos. Es decir, del total de 243.547 víctimas que hubo en el país por el conflicto, el 31,66 % tenían entre 0 y 17 años. ¿Cómo podemos quedarnos apáticos ante estas cifras que claramente ofrecen una visión de futuro signada por la vulneración de derechos y acrecentada por la casi nula efectividad de las autoridades?
El asesinato colectivo a líderes sociales, es otra muestra de las pocas o nulas garantías que se tiene para acabar con la impunidad de una sociedad que pide a gritos un cambio, y que lo ha buscado históricamente, mediante la superación de la situación de violencia que pareciera ser una característica de nuestra sociedad. Según el informe presentado por la oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en lo que va corrido del 2019 han sido asesinados 29 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, una alarma que sigue encendida y por la cual es necesario buscar estrategias enfocadas en la realidad de cada municipio y departamento para contrarestar estas problemáticas que tanto afectan el diario vivir de los colombianos.
Como Personero, pero aún más como ciudadano y creyente fervoroso del buen accionar de la humanidad, invito a todos los ciudadanos, comunidades e instituciones a no olvidar y solidarizarnos para fortalecer permanentemente los escenarios de articulación efectiva entre las víctimas, la sociedad y las entidades, prestando una atención y respuesta rápida que permitan generar una protección para con quienes ya han sufrido las consecuencias del conflicto, evitando que cada 9 de abril, veamos casi impasiblemente como aumentan las cifras de violencia rural y urbana limitando el poder entregar a nuestros niños y jóvenes un mejor país y un presente y futuro libre de violencia.
Finalmente, víctimas somos todos.