Sin lugar a duda, una de las mayores desconfianzas que tienen hoy los colombianos es la que la que se materializa en sus instituciones gubernamentales, la cual se desarrolla gracias a factores como los constantes escándalos de corrupción, la desconexión administración-ciudadanía y la carencia de gerencia pública por la que se caracterizan, lamentablemente, algunos funcionarios y servidores públicos.
Y es que diversas cifras demuestran esa desconfianza. Por ejemplo, según el Latinobarómetro, solo 23 de cada 100 colombianos tienen confianza en el poder judicial, 20 de cada 100 confían en el Congreso y solo 16 de cada 100 les creen a los partidos políticos. Por su parte la OCDE, reveló que solo el 22% de los connacionales tenían confianza en las obras del gobierno y más del 80% de los ciudadanos consideran que hay una corrupción generalizada en el Estado. En términos generales, y siguiendo un estudio de USAID y ACDI/VOCA que se hizo para el Programa de Alianzas para la Reconciliación, solamente el 14% de las personas en el país tienen confianza en el gobierno.
Una de las estrategias para que los colombianos vuelvan a tener fe en las instituciones es apostarle desde el mismo régimen político, los partidos políticos, las entidades y el Congreso, a sacar adelante las grandes reformas que se deben desarrollar en temas como la salud, la justicia, la economía, las pensiones, los ajustes institucionales, entre otras cuestiones de relevancia nacional.
Respecto al último asunto, el de los ajustes institucionales, es fundamental destacar una reforma en especial que hoy está cursando en el Congreso de la República, y es el Proyecto de Acto Legislativo 355 de 2019, “Por medio del cual se reforma el régimen de control fiscal”.
Recuérdese que el control fiscal tiene una gran importancia para cualquier sociedad, ya que este garantiza la finalidad del adecuado uso de los recursos públicos. Este adecuado uso de los recursos termina incidiendo, por un lado, en la oportuna eficiencia del actuar gubernamental; y, por el otro lado, ayuda a la legitimación de las instituciones y al fortalecimiento de la división tripartita de poderes.
Ahora bien, el 355 se enmarca en tres elementos que buscan que el control fiscal colombiano sea más eficiente, eficaz y oportuno. En primer orden, apuesta por un modelo de control fiscal complementario, que en términos técnicos es articular el paradigma “posterior y selectivo”- que tiene actualmente- con el “preventivo y concomitante”. En otras palabras, se quiere que la Contraloría General de la República (CGR) pueda no solo hacer control fiscal posterior a las acciones públicas, sino antes y durante la realización de las mismas.
En segundo orden, el acto legislativo propone una unificación de competencias entre la CGR y las contralorías territoriales, con lo que se busca acabar con los llamados “conflictos de competencias” que surgen en ocasiones cuando se dan decisiones contrarias entre la Contraloría General y las territoriales. En últimas con esto se va alcanzar una mayor armonización, articulación y estandarización del control fiscal.
En tercer lugar, el 355 propone asignarle funcionales jurisdiccionales a la Contraloría General de la República, en aras de que esta tenga competencias para determinar la responsabilidad fiscal y posea una mayor potestad en cuanto a la recuperación del recurso público se refiere. Esto va a evitar las dilaciones que traen consigo algunos procesos judiciales y ayudará a combatir de manera más frontal la corrupción.
En resumidas cuentas, si bien esta reforma al control fiscal solo es un paso en la lucha contra los múltiples flagelos que afectan la administración pública colombiana, es fundamental apoyar desde la institucionalidad este tipo de grandes reformas, ya que estas generan efectos positivos que aportan a la recuperación de la confianza de los colombianos en la institucionalidad; así mismo, refuerza la evolución hacia un Estado que sea más óptimo en las respuestas a las demandas ciudadanas.