Lo primero a destacar es el discurso antimigratorio que se ha instaurado en la región, referente a la permanente crisis venezolana. Este tiene como finalidad crear nuevos factores de descontento social y de esta manera acomodar las políticas a conveniencia de los intereses, muchas veces populistas, de los Estados vecinos.
Producto de esa doble moral las sociedades se vuelven resistentes e intensifican conductas de discriminación, xenofobia y aporofobia. Hemos visto casos muy críticos en Brasil, Ecuador, Perú y, más recientemente, en Colombia. La migración es un fenómeno muy complejo en el que se debe evitar caer en la estigmatización. Nadie deja su hogar, su país y recorre esas largas caravanas en la intemperie si no es porque su núcleo se ha vuelto la boca del lobo y se moviliza, precisamente, en búsqueda de mejores oportunidades.
A febrero de 2019, Migración Colombia reportó que en el país se encontraban 1’226.507 venezolanos desagregados entre 760.883 migrantes regulares y 465.724 irregulares. Sin importar su posición, en esta dicótoma hay venezolanos que se encuentran trabajando activamente pero, evidentemente, son muy pocos quienes gozan ya del sistema de seguridad colombiano.
Por lo que, según la Gran Encuesta Pyme Nacional del 2018, la cual es realizada por La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) sobresale entre sus hallazgos en materia laboral, los abusos a nivel de contratación de esta población en las pequeñas y medianas empresas, donde no se les brinda ningún tipo de prestaciones sociales. A su vez, se encontró una gran barrera para acceder al mercado, dado por el problema de la homologación de títulos y certificados académicos.
Asimismo, es clave comprender que la ayuda internacional para tratar la crisis es marginal, por lo que el Gobierno central no posee un gran brazo financiero destinado a la inserción del emigrante. Por tanto, serán los gobiernos regionales, los futuros alcaldes y gobernadores quienes tienen la tarea de generar sus propios recursos para darle pronta solución y manejo a este fenómeno migratorio.
En el marco de la contienda electoral que se avecina, el lenguaje y propuestas que se planteen en lo local permitirán que saltemos la barda de la contención de la crisis, a la atención de la misma. Ya que actualmente la migración se concentra solo en un 25% en Bogotá, dejando entonces el 75% de la cooperación y ayuda en las regiones.
En ese sentido, es donde entra la calidad educativa y laboral del migrante venezolano, pues debido a sus capacidades y conocimientos, estos pueden dinamizar muchas aéreas económicas y territoriales de nuestro país, las cuales se han visto fuertemente abandonadas por diversas razones de nuestra historia reciente. Por ejemplo, ante la existencia de médicos, odontólogos y profesores colombianos que no van a las municipalidades porque no ven allí un proyecto de vida claro, los venezolanos van a encontrar ahí la opción para hacer viable ese proyecto de vida.
Esta es una oportunidad única para volver a impulsar la descentralización en Colombia, un tema que sigue siendo una deuda histórica con la Constitución del 91. Por lo que es importante tener claridad en la autonomía diferencial que los Entes Territoriales poseen para asignar el gasto.
No es lo mismo atender el fenómeno migratorio en Cúcuta, que atenderlo en Santa Marta o en Ciénaga. Cada autoridad territorial, de la mano de su Asamblea o Concejo, deberá estructurar Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en los que priorice la inversión y el gasto para dar una efectiva inserción del migrante.
Y se debe hacer planteando políticas en las que se aliente a un crecimiento más dinámico de los recursos fiscales territoriales y se dé un fortalecimiento de los Recursos Propios a partir de un círculo virtuoso alimentado por una diversificación de base económica; y junto con una nueva resignación del gasto, que no conduzca a mayores presiones fiscales, permitirá que se lleven a cabo los PDET y de esta manera se consolide el Estado en la llamada Colombia profunda.