Técnicamente, Nicolás Maduro está caído. La economía de Venezuela está destruida, la industria petrolera desmantelada, los servicios públicos acabados y las instituciones no funcionan.
El régimen madurista no cuenta con respaldo popular, está aislado internacionalmente, hostigado por las sanciones norteamericanas y acusado de cometer violaciones a los derechos humanos.
Existe un gobierno paralelo, encabezado por Juan Guaidó, que cuenta con el reconocimiento de más de 50 naciones y con el respaldo decidido de la primera potencia del mundo. Sin embargo, pese a todo, Nicolás Maduro continúa ocupando el Palacio de Miraflores. ¿Por qué?
La respuesta la tiene el G2 cubano, que luego de numerosas experiencias en Argelia, Siria, Congo, Angola, Etiopía, Nicaragua y Chile, desarrolló un sofisticado método de control social, basado en la toma de dos sectores: las fuerzas de seguridad y los partidos de oposición.
En el caso de Venezuela, lo primero que hizo Hugo Chávez, con la asesoría de los cubanos, fue corromper a las Fuerzas Armadas, a través de un programa denominado «Plan Bolívar 2000». Posteriormente, tanto Chávez como Maduro le dieron poder político a los militares, y los involucraron en delitos como el narcotráfico y el contrabando; hasta convertirlos en una banda criminal al servicio de la revolución.
Paralelamente, con las fortunas robadas del tesoro público, Chávez y Maduro crearon una nueva clase económica, conocida como «boliburguesía», capaz de financiar a todos los partidos, tanto oficialistas como opositores, para así controlar la agenda política.
Lamentablemente, con honrosas excepciones, muchos dirigentes opositores cayeron en la tentación de recibir dinero de boliburgueses, y de esta forma comprometieron su independencia y su estrategia política.
Esto explica los errores que comete la oposición venezolana, como eso de dialogar con el oficialismo en Barbados; o, peor aún, acordar un gobierno de cohabitación, con Guaidó en la presidencia y funcionaros maduristas en cargos importantes, tal como estaba planteado si hubiese triunfado la rebelión del pasado 30 de abril.
Entre las honrosas excepciones que no reciben financiamiento de «enchufados» se encuentra María Corina Machado, quien propone un curso de acción que podría lograr el cambio de gobierno en Venezuela, basado en la creación de una coalición internacional liberadora.
Su argumento es simple e incuestionable: si Maduro cuenta con el apoyo de las Farc, el Eln, Hezbolah, los cubanos, los rusos y los chinos; entonces es lógico que la oposición busque el respaldo político y militar de los gobiernos democráticos de la región.