El descontento generalizado, donde más del 74% de la población colombiana apoya las manifestaciones según la última encuesta Gallup Poll de Invamer, no es más que el despertar de consciencias que ha estado bajo los brazos de Morfeo por más de dos siglos de patria boba.
Colombia, esa nación que por más de medio siglo claudicaría ante la indolencia de la guerra, ha decidido apropiarse de su bandera y manifestarse frente a todas las problemáticas estructurales que la acechan desde épocas precolombinas. Es así como la aberrante desigualdad socio-económica sería, hoy por hoy, el primer contratiempo en su sentido literal; porque pareciera que, sin importar el paso de los siglos, esta nos siguiera acompañando como la amante más fiel, pero paradójicamente es actualmente la principal causante de nuestra emancipación.
Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), indicadores como la esperanza de vida, la cobertura de la educación primaria, la vinculación social y la calidad del aire mejoraron considerablemente. Sin embargo, los índices de violencia y desigualdad del ingreso se mantienen igualmente altos, y la informalidad se ha convertido en un problema persistente en la región.
Para colocar estos hallazgos en contexto, lo que estamos viendo hoy en las calles de todo el país es la cereza del pastel. Colombia aumentó su indice de Gini en 0.52, lo cual se traduce en una mayor concentración de ingresos y de esta manera se logra perpetuar en la cuarta posición dentro de los países más desiguales del mundo.
Por su parte, el Gobierno Nacional lanzó en las ultimas semanas la ley de crecimiento económico, junto con un paquete social (3 días sin IVA, etc.) que en teoría deberían ayudar a sanear el descontento social, pero que de fondo mantiene los mismos principios de la inexequible ley de financiamiento o reforma tributaria.
En un país en el que sus problemáticas reposan en la desigualdad, el solventar las demandas se hace una misión titánica ya que se necesita una mayor inyección del gasto, el cual es inflexible. Cabe entonces abrir el debate frente a la equidad tributaria, y especialmente sobre los privilegios individuales o exenciones que benefician enormemente al capital de las grandes empresas y que continúan reduciendo cada vez más la base gravable del país.
El paradigma de nuestra historia da razón sobre la influencia de las élites, que al estructurar un marco legal desproporcionado de poder político y económico, se favorecieron en gran medida en relación al resto de la población en términos de acceso a oportunidades y a la propiedad privada.
Las circunstancias del país hoy son distintas, la clase media ha aumentado hasta representar un tercio de la población. Esta clase media creciente tiene mayores aspiraciones y exigencias de servicios e instituciones públicas de mejor calidad, que a menudo quedan insatisfechas. Es por tanto, que en el marco de las manifestaciones del Paro Nacional es clave cuestionarse la efectividad de esta reforma paquidérmica. No hará mayores cambios estructurales y por el contrario estamos perdiendo la oportunidad de formular un estatuto tributario justo, equitativo y progresivo para la nación.
El pasado 3 de diciembre se votó en Cámara a favor de la reforma, solo 5 votos fueron en contra, lo que evidencia una clara desconexión de la clase dirigente con las demandas que resonaron al son de los cacerolazos desde el 21 de noviembre. Es por ello que hago un llamado a esta generación que se rehúsa a permanecer en una trampa de pobreza, a aquellos jóvenes que de manera pacífica mostraron con altura su inconformidad y su intención de dialogar; de concientizarnos que el crecimiento económico de nuestro país recae en la óptima construcción de un marco fiscal coherente con la coyuntura nacional.
A la clase política le digo: ¡Los jóvenes hemos asumido el valor histórico que se nos ha encomendado y estamos dispuestos a tomar las riendas del futuro de nuestro país!