En diversas conversaciones sostenidas con conocidos y amigos, preocupados por examinar la gestión gubernamental de la coyuntura económica, no encuentro otro calificativo que caracterice el cuestionable manejo que Alberto Carrasquilla ha hecho de la política fiscal, distinto a inmoral.
Inmorales han sido las decisiones de política que ha venido tomando, incluso desde antes de resentir los coletazos del choque externo, bajo el dogma de la austeridad y que, revelan la fragilidad de nuestra economía para adaptarse y afrontar la inminente recesión.
Hace bastante se viene hablando de la necesaria diversificación de la economía para hacer frente al déficit que desde 2001 registra la cuenta corriente de la balanza de pagos y que hoy se ubica en 4,3 puntos del PIB, expertos de la OCDE han concluido que un nivel de déficit comercial por encima de 3 % del PIB durante varios años evidencia un problema estructural, por la alta dependencia del financiamiento externo.
Por lo anterior, la aversión a diversificar el aparato productivo, el consecuente afán de atraer inversión extranjera mediante el fracking, por ejemplo y la liberalización de la cuenta de capitales, empiezan a revelar una agenda a todas luces inmoral.
La austeridad se afinca en la fallida regla fiscal, una norma que limita el gasto público con los objetivos de generar “estabilidad fiscal“ y permitir una política contracíclica, sin embargo, desde que comenzó a aplicarse, la deuda pública en lugar de reducirse pasó del 32,4 % del PIB en 2012 al 54,3 % en 2019; tampoco ha sido contracíclica, pues en momentos de crisis obliga a mantener restricciones presupuestales. La regla sólo ha servido para disminuir el gasto público, obligando al crecimiento de la deuda. Carrasquilla insiste en mantenerla.
El hecho simple de adquirir deuda no es inmoral, lo es cuando se adquiere existiendo otras posibilidades menos lesivas de financiación, Colombia es uno de los países de la región que menos ingresos tributarios obtiene (18,8 % del PIB) muy por debajo del promedio de países OCDE (34,2 %), por lo tanto, el déficit fiscal es susceptible de ser aminorizado mediante una reforma tributaria progresiva que encuentre recursos haciendo uso de los principios de justicia tributaria.
Profundizando el problema, Carrasquilla tramitó una reforma tributaria que creó más beneficios a las corporaciones, mediante uno de los beneficios allí contenidos, incentivó la compra de bienes de capital cuyo IVA podrá ser descontado del impuesto de renta.
Lo grave en este caso es que para salvar vidas se debe acudir al confinamiento, en consecuencia, se detiene la producción y los créditos que las empresas tomaron para adquirir bienes de capital sufren el riesgo de ser incumplidos, el IVA que el estado está en la obligación de devolver erosiona las finanzas públicas, la receta está dada: aumento de la deuda, privatizaciones y para salvar los bancos usar recursos públicos para capitalizar el fondo nacional de garantías y así servirles de fiador asumiendo todo el riesgo de créditos con alto riesgo de incumplimiento, los recursos se quedarán en los bancos y no impulsarán a la economía real.
En la economía de mercado si un prestamista hace un mal préstamo, corre con las consecuencias, cubrirlo con los recursos de las cesantías de los trabajadores, es a todas luces inmoral.
Cualquier economista responsable sabe que el gasto que es recurrente se debe financiar con ingresos permanentes, la inmoralidad de Carrasquilla se ve reflejada, además, en la más reciente ley de presupuesto en la que financió un gasto recurrente como los subsidios de gas y electricidad por 1,48 billones, mediante la emisión de deuda pública. ¡Inaudito!
Es por eso que la deuda con rasgos de inmoralidad debe ponerse en el centro del debate, la deuda crecerá por efectos de la devaluación acercándose a límites como el establecido en el Tratado de Maastricht (60 % del PIB), el registro del país debe prender las alarmas como ya lo ha advertido la Contraloría.
Como ha señalado Stiglitz el problema de la deuda parece no ser de sobrendeudamiento sino de una suerte de sobreprestación, (Overborrowing vs overlending), es decir, de la sumisión de algunos gobiernos a servir a prestamistas que fomentan el endeudamiento porque les es rentable.
La crisis del covid 19 ha puesto de manifiesto la pertinencia de abandonar las políticas de austeridad que siguen siendo parte de las exigencias del FMI y obedecidas intencionalmente por Alberto Carrasquilla, opinión que compartiré en una segunda entrega.