La actual crisis que afronta la civilización es una amenaza directa en contra de los objetivos de desarrollo sostenible. El aislamiento obligatorio ha generado una reducción significativa de actividades comerciales e industriales, lo cual no se puede entender como una reducción definitiva de los índices de contaminación.
Las imágenes que muestran a diferentes animales silvestres ocupando espacios usualmente invadidos por la actividad rutinaria del ser humano, pueden distraer a la opinión pública sobre los verdaderos problemas del desarrollo sostenible. Según la Agencia de Energía Internacional, se estima que en el 2020 el mundo usará un 6 % menos de energía, lo cual en realidad es un dato alarmante, pues los viajes terrestres y en avión se han reducido de manera sustancial y aun así solo se logró una reducción menor al 10 %.
Si bien la expansión de la pandemia conlleva a un menor consumo de combustibles fósiles también implicó el colapso de la economía y los más afectados serán los países en vías de desarrollo, como Colombia.
Los gobiernos se enfrentan a dilemas éticos y políticos intensificados por la crisis. Los mandatarios deberán enfrentar la presión social por restablecer condiciones de bienestar y con ello la presión por aumentar los índices de producción. Incluso la ONU ha llamado la atención para que las políticas ambientales no se flexibilicen. La sostenibilidad trasciende los diferentes escenarios de la sociedad y una mayor afectación sobre el medio ambiente se reflejará en una limitación a derechos como la vida y la salud.
En Colombia, la solución está en el trabajo conjunto con el sector privado, que son actores reconocidos por la institucionalidad y quienes deben rendir cuentas a las autoridades ambientales y entidades técnicas. En igual sentido, el gobierno deberá concentrarse en tomar el control de las zonas de alta riqueza ambiental, pero bajo el poder de las economías informales.
Las zonas rurales afrontan índices de pobreza y desempleo más altos que las zonas urbanas, lo que ha nutrido de apoyo territorial y de una fuerza de trabajo constante para la ejecución de actividades irregulares como los cultivos ilícitos, la ganadería extensiva, el tráfico de fauna y la explotación maderera. El gobierno deberá reconocer que no tiene el control sobre dichas actividades, lo que implica que no tiene la capacidad de ejercer su poder como autoridad ambiental.
El verdadero reto está en las alianzas que se logren con las comunidades campesinas y en fortalecer las economías legales en los territorios. Es evidente que las problemáticas sociales y ambientales coinciden de manera dramática en la amazonía colombiana, donde la Corporación Ambiental para esa región (CorpoAmazonía) reportó un aumento de los puntos de calor para el mes de marzo de 2020 en 12.958 puntos. Así pues, los grupos al margen de ley aprovecharon las condiciones de aislamiento para aumentar la tala y la destrucción de las selvas tropicales. La escala de afectación ambiental podría tomar nuevas proporciones en un mundo pos-pandemia.
La realidad es que el aislamiento obligatorio ha generado una imagen favorable sobre el medio ambiente, pero con bajo impacto sobre las fuentes de contaminación.
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