El crecimiento del sector agropecuario en Colombia durante el primer trimestre de 2020 genera emociones encontradas. Por un lado, no se puede desconocer que es una noticia alentadora el hecho que esta cifra sea de un 7.9 %, muy por encima del crecimiento de la economía nacional cuyo crecimiento en el mismo periodo fue del 0.4 %.
Que en los primeros tres meses del año el agro haya crecido, contrario a otros sectores que presentaron fuertes caídas como la construcción y las manufacturas, solo nos corrobora lo que he repetido anteriormente: este sector merece mayor cuidado y apoyo por parte del Gobierno Nacional porque es una potencial fuente de riqueza y bienestar para los colombianos.
Sin embargo, la mala noticia es que este crecimiento está lejos de ser fruto de políticas públicas eficaces para estimular el agro en nuestro país. Bastante paradójico que mientras el mundo entero, por cuenta del covid-19, comprueba que la civilización actual depende de los alimentos que se producen en el campo, y cualquier disrupción en su cadena de valor es preocupante (‘The Economist’, 2020), en Colombia haya una ausencia total de políticas públicas robustas que le den a este sector la importancia que merece.
Explicar que el aprovechamiento del potencial agropecuario de nuestro país nos puede fortalecer internamente y ante el mundo es una de mis grandes batallas desde que llegué al Congreso de la República hace casi dos años. Muy por el contrario, nuestros países vecinos sí lo entendieron hace rato.
Solo hay que revisar las cifras para corroborarlo. Mientras que en 2018 Colombia registró una producción agropecuaria per cápita de 417 USD, países latinoamericanos como Argentina, Chile y Perú la tienen en 718 USD, 580 USD y 475 USD respectivamente. Es como si en Colombia, históricamente menospreciáramos al campo y nos negáramos a darle el protagonismo que merece como actor fundamental en nuestra economía.
En el anterior panorama hay que tener en cuenta el golpe en la economía que supone la pandemia del coronavirus. Dicho impacto todavía no se ha sentido con toda su intensidad. En los meses venideros veremos tasas de desempleo más altas, como nunca antes en la historia las habremos registrado. Entretanto, el agro colombiano no ha tenido noticias muy halagadoras en días recientes.
Al revisar los créditos otorgados por Finagro en el año 2019, se observa que la mayoría de dichas ayudas fueron otorgadas a grandes productores. De 19 billones de pesos que fueron otorgados en créditos, solo 2.5 billones fueron a parar a manos de pequeños productores, que son quienes más necesitan dichas ayudas.
La Misión para la Transformación del Campo realizó una hoja de ruta de las acciones que, como Estado, deberíamos implementar para saldar la deuda histórica con este sector. El país está a la espera de su implementación y yo desde la Cámara de Representantes estoy presto a apoyar incondicionalmente dichas acciones.
En el Congreso fui autor del artículo 229 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que incentiva las compras públicas de productos agropecuarios de origen nacional. No obstante, al día de hoy, a un año de expedida dicha ley, y casi a mitad del período presidencial, no se ha podido implementar por falta de reglamentación.
Aprovecho este espacio para pedir al Ministro de Agricultura y al Director de Colombia Compra Eficiente, su pronta reglamentación. Lo mismo sucede con el artículo 252, artículo que defendí para que no fuese eliminado del PND, sobre la creación de la cédula rural que tiene el propósito de formalizar y promover la inclusión financiera y apoyos estatales a la producción agropecuaria.
En la siguiente legislatura, radicaré un proyecto de ley que priorice la colocación de créditos sectoriales en los pequeños y medianos productores agropecuarios. Este será solo un paso en la lucha por devolver al agro colombiano su dignidad.
Cada colombiano tiene algún tipo de relación emocional con el campo desde sus mismos orígenes y el Gobierno Nacional debe entender que somos un país de vocación campesina que se hizo y se debe al campo.