Por: Erasmo Zuleta Bechara

Desde su creación en 1962 el Instituto Colombiano Agropecuario –ICA- ha sido un brazo fundamental del Estado para impulsar al campo. Esta institución en 60 años de historia se ha consolidado como un actor clave a la hora de fortalecer el agro. En días pasados recibimos la noticia de que se está discutiendo la posibilidad de privatizarlo. Así está contemplado en el acuerdo número 02 de 2020, donde se desmantela y se entrega varias de sus funciones a terceros autorizados. Hacer esto sería una cachetada al agro colombiano.

Hay dos argumentos bastante cuestionables a favor de la tercerización de sus funciones: el primero, que esta entidad presenta serios problemas de tipo administrativo que no les permite funcionar correctamente; el segundo, este modelo de privatización ha sido exitoso en países de la región como Perú, Chile y Argentina.

El primer argumento se apoya en un pensamiento facilista, que reconoce la incompetencia de las cabezas del ente. ¿No es mejor apuntarle a identificar estas falencias y asumir el reto de solucionarlas? En 2019, el ICA dejó de ejecutar más de 63 mil millones de pesos asignados para su presupuesto anual. Si esa cifra hubiese sido bien ejecutada, habría sido un gran aporte para el agro. Según esta lógica, todas las instituciones estatales colombianas deberían cerrar porque todas tienen falencias.

El segundo argumento desconoce que Colombia no tiene éxito cuando calca modelos en otros países. Decir que si en el exterior funciona aquí también, es olvidarse de las particularidades que tiene el país. Es incoherente que justo ahora, cuando nuestros campesinos han trabajado como héroes para garantizar los alimentos durante el confinamiento, les demos la noticia de que el ICA será privatizado.

Desde el primer momento que llegué al Congreso de la República el agro colombiano siempre ha sido mi prioridad y la tercerización del ICA representa todo lo contrario a eso que me comprometí a apoyar. Aceptar una propuesta de esta índole es sacrificar los sueños y el bienestar de millones de campesinos ante el beneficio individual del bolsillo e intereses de unos particulares. Entre otras, no es claro en este modelo de tercerización cuál sería el alcance de las responsabilidades disciplinarias y fiscales si llegasen a existir.

Así mismo, quiero precisar que tras una conversación con el Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, recibí un parte de tranquilidad cuando fui notificado de que este acuerdo fue frenado. No tengo dudas de conocimiento del Doctor Zea sobre su cartera y confío en su criterio para debatir temas cruciales. Si llegase a privatizarse el ICA, deberán tener en cuenta las voces de pequeños agricultores, que de seguro se opondrán.

Hoy el ICA adelanta proyectos importantes para potenciar al campo. Hace poco se logró la certificación de que somos un país libre de Aftosa. También estamos en el proceso de conseguir las certificaciones de buenas prácticas ganaderas y agrícolas, requisito para exportar alimentos a varios países de Centroamérica. De igual forma, el ICA podría contribuir a que pequeños agricultores accedan a apoyos económicos estatales, pues un 75 % de ellos no tiene acceso a dichas ayudas. Lo anterior constituye a una serie de retos por superar, pero privatizarlo no es la solución, sería desbaratar lo que se logró y abortar lo que se viene a futuro.

Para finalizar recalco que en esta pandemia nuestros campesinos se convirtieron en un ejemplo de resiliencia, quienes incansablemente madrugan con el canto de un gallo en la Colombia rural para cuidar los alimentos de nuestros hogares. Quiero dejarles claro que siempre velaré por su bienestar.

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