Los más recientes hechos en materia de justicia, la efervescencia que evoca la desobediencia civil, y naturalmente las consecuencias de la pandemia, prenden las alarmas sobre la continuidad del institucionalismo económico. Más allá de la táctica para derrotar a los grupos guerrilleros, el enfrentamiento o el diálogo, en los últimos 20 años siempre se mantuvo una institucionalidad en materia económica. En La Habana nunca se negoció el modelo de desarrollo económico.
Durante respectivo periodo se presentaron grandes iniciativas para promover la competitividad, la productividad, atraer la inversión, y mantener la regla fiscal. Ejemplo de ello fue el impulsó de las Alianzas Público-Privadas, la infraestructura 4G, la creación de la Financiera Nacional de Desarrollo, la creación de la Alianza del Pacífico como iniciativa de comercio, entre otras iniciativas. En este periodo hubo tecnócratas de gran calibre que hoy aportan desde el sector privado y son muestra de ello.
En el acuerdo claramente se influyó el desarrollo del agro, lo cual es una deuda histórica para alrededor de 11 millones de personas que viven en zonas rurales. De igual modo existieron repercusiones en materia de justicia y reconstrucción de la doctrina militar, que dejaron a la interpretación una supuesta negociación del modelo económico, y oportunidad para el gesto cínico de no contar la verdad. Más allá de si estuvo bien o mal, los más recientes hechos muestran que el populismo social está más cerca de llegar hoy en día que antes. Claramente esto no se podría permitir.
El hecho es que la pandemia, el desempleo generado por esta, y el descontento social por la inseguridad y la injusticia, es un coctel apoteósico para controvertir los avances en materia de desarrollo económico que ha traído el modelo actual. Es claro que siempre existen oportunidades de mejorar, pero este ha logrado que se disminuyera la pobreza multidimensional a 19.1 % en 2019 y se creciera en promedio 3.9 % desde el 2005. Se ha ganado buena credibilidad en materia macroeconómica en los mercados por encima de los países de la región, y se logró tener injerencia sobre los ODS.
Obviamente, y con urgencia, se requieren reformas en materia de justicia, pero lo clave está en identificar el momento y quién la propone, debe haber capital político y no hacerlo en estado de colera. También existe la necesidad imperante de fortalecer la seguridad y defensa nacional, es un reconocimiento a las FF.AA. por su virtud y coraje, una tranquilidad para la ciudadanía, así como una buena herramienta de persuasión para la frontera oriente. El PGN para 2021 ya le aumenta a defensa $3.2 billones, sin embargo, se necesita más.
El capital en el mundo es competitivo, y aunque los bancos centrales aumentaron la oferta monetaria, sigue existiendo una alta aversión al riesgo. Los inversionistas buscan confianza en todos los sentidos, en particular en materia de seguridad y justicia. No vaya a ser que se filtre un amante a la expropiación – o cómo lo indica él, una: “democratización de los bienes de producción”-. Es en este sentido que se deben tener en cuenta las batallas que se tienen que dar, así como la táctica para darlas, o más precisamente el momento.
Las condiciones actuales son netamente reactivas, muchos no se esperaban el covid-19 y los efectos colaterales sobre todos los aspectos de la vida. Sin embargo, esto, más la crisis en materia de justicia que vive el país, sí es un alimento para aquellos que quieren poner en tela de juicio la institucionalidad económica. De pensarlo, cuesta ver el 7 de agosto de 2022 a alguien que trate de ganar legitimidad entre la población con una expansión desmedida del gasto público, para así perpetuarse y lograr la posibilidad de revanchismo ante el institucionalismo.
Hay que ser un poco más audaces y dejar el revanchismo entre quienes una vez cambiaron la correlación a través de la presión militar, y quienes con nociones liberales mantuvieron el crecimiento económico. Ahora gobernar es un acto reactivo, pero se podría ir pensando que realmente está en juego es la economía del país, la inversión privada, la competitividad y productividad, el desarrollo en función de los ODS, y la disciplina fiscal. En neto, no dejemos que el enemigo nos confunda.