En tiempos de asfixia económica la discusión sobre el acceso a derechos y bienes primarios cobra pertinencia en medio de la crisis. ¿Los servicios púbicos deberían ser gratuitos para todos los colombianos? Los servicios públicos domiciliarios son inherentes al Estado Social de Derecho y su acceso debe ser universal, a pesar de eso la materialización de la gratuidad no es sencilla.
La primera dificultad radica en una consideración económica: las empresas prestadoras de servicios públicos no tendrían recursos financieros suficientes y el sistema solo sería sostenible bajo un monopolio estatal. Existe otro factor a considerar: la matriz energética. Si bien el Estado ha optado por el camino de los subsidios para materializar el principio de universalidad, aún hace falta que la opinión pública discuta si el país tiene la capacidad de producir la energía suficiente para satisfacer la demanda interna de manera gratuita.
Durante los últimos años el Estado colombiano ha dado pasos efectivos hacia la renovación energética. A pesar de eso, la semana pasada, el presidente Duque afirmó que todavía existe una brecha de un millón de personas sin acceso a servicios públicos domiciliarios. Sobre la generación de energía eléctrica diferentes estudios concluyen que existe una dependencia sobre los recursos hídricos, lo cual, implica que los fenómenos climáticos pueden determinar la continuidad o no de los servicios en diferentes regiones del país. La generación de energía eléctrica en Colombia proviene de un 63,7 % de recursos hídricos, mientras que el 31,5 % viene de recursos térmicos como el gas, el carbón y otro porcentaje menor de fuentes alternativas.
La Unidad de Planeación Minero Energético, en diciembre de 2019, propuso el Plan Energético Nacional planteado 2020 – 2050, documento mediante el cual se estableció la línea base y los objetivos a largo plazo en materia energética. Al respecto es necesario entender que la discusión sobre la consolidación de fuentes energéticas sostenibles no se ha finalizado. La realidad es que las diferencias entre regiones del país son abismales. El Dane ha señalado que en Colombia todavía hay un alto número de hogares colombianos que utilizan leña -más de un millón doscientos- siendo este uno de los mecanismos más nocivos para el medio ambiente y la salud.
Los fenómenos del niño y la inminente afectación por el cambio climático intensificaran las dificultades de acceso en las poblaciones rurales. Con el objetivo de evitar una mayor precariedad se deberá avanzar en la diversificación de fuentes energéticas y en la gratuidad efectiva de los servicios públicos.
Si bien se han establecido beneficios tributarios para el desarrollo de energías alternativas, se hace necesario evaluar los requisitos de participación en las subastas para contratos a largo plazo. Los altos estándares financieros impiden que empresas pequeñas logren consolidar proyectos y conocimientos técnicos en la materia. Igualmente, al ampliar la oferta regional se le otorgará mayor autonomía a los entes territoriales sobre la gestión de las fuentes energéticas.
Por el momento, la Superintendencia de Servicios Públicos ha manifestado que los entes territoriales podrán asumir total o parcialmente la carga económica de la prestación de servicios públicos domiciliarios. Con ello se apoyará a las empresas prestadoras de servicios públicos para que mantengan actividades sin interrupciones y de calidad sobre los servicios de energía eléctrica y de gas.
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