Contrario a lo que piensa la mayoría de las personas en Colombia, la Ley 100 de 1993 va más allá del sector salud. Allí se precisa el reglamento que debe seguir el Sistema de Seguridad Social Integral, el cual incluye también a los regímenes de pensiones y al Sistema General de Riesgos Laborales. La pandemia del covid-19 ha dejado en evidencia cómo este último se ha convertido en un millonario negocio para las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), entidades que el pasado mes de abril, cuando la pandemia empezaba a golpear con su fuerza, se valieron de todo tipo de mecanismos para evadir la responsabilidad que les correspondía a la hora de salvaguardar a los trabajadores colombianos más expuestos al virus.
La pandemia también ha sido el escenario donde presenciamos cómo estas entidades abandonaron al personal de la salud en hospitales y centros médicos. Las ARL no se hicieron responsables del suministro de los elementos de protección personal básicos y dejaron la mayor parte de esta responsabilidad en manos de los respectivos empleadores cuyos bolsillos empezaban a flaquear por cuenta de la crisis inminente.
Por aquella época, también realicé en Plenaria de la Cámara de Representantes un debate de control político para poner la lupa sobre estas entidades. El resultado de aquel debate ya se empieza a ver, pues hace unos días radiqué, en compañía de más de 20 colegas, el Proyecto de Ley 375 de 2020. El objetivo de dicho proyecto no es otro que hacer una serie de modificaciones al Sistema General de Riesgos Laborales que garanticen a los colombianos que las ARL cumplirán la labor que les corresponde.
Entre las modificaciones propuestas está la disminución de la comisión que las ARL cobran por cuenta de la administración de estos recursos como también la disminución del porcentaje cotizado del sueldo de cada trabajador. Lo anterior teniendo en cuenta que los montos que estas entidades se llevan del salario de los colombianos son enormes al compararlos con países iberoamericanos. Mientras en Colombia las cotizaciones pueden ser de hasta un 8.7 % según el nivel de riesgo de cada oficio, en otros países comparables este porcentaje apenas se acerca a la mitad.
De igual manera, el proyecto busca una mayor vigilancia a la forma en que estas instituciones administran los recursos que manejan, pues son dineros de naturaleza parafiscal, es decir, públicos. Actualmente las aseguradoras, propietarias de las ARL, no llevan una contabilidad individualizada de los dineros que reciben por cuenta de las cotizaciones, que los separe de los recibidos por seguros de vida, educativos y de otros ramos. Es decir, no separan los dineros públicos de los privados.
Por lo tanto, no hay forma de vigilar el manejo y uso que se le da a las cotizaciones provenientes del bolsillo de todos los trabajadores del país. El proyecto en cuestión, además de ordenar una separación e individualización de los recursos de las ARL de los demás ramos de negocio de las aseguradoras, busca otorgar al Ministerio de Trabajo la facultad de vigilar que dichos recursos públicos no sean desviados a usos diferentes a los ordenados en la ley.
El país que tendremos después de la pandemia debe ser una nación más solidaria y justa en la que los trabajadores cuenten con el respaldo necesario para ejercer sus respectivas labores con total seguridad, pues para ello tributan. Los emprendedores y el sector empresarial serán los protagonistas de esta reactivación, y la disminución en las cargas a la nómina que representan las actuales cotizaciones será un espaldarazo para salir adelante. En últimas, somos los trabajadores y el tejido empresarial los llamados en Colombia para hacer que la pandemia del covid-19 sea recordada como una oportunidad que nos motivó a crecer en medio de las dificultades.