Los $16.1 billones estimados de recaudo por concepto de regalías durante el bienio 2021-2022, en efecto, pudiera parecer marginal a lado de los $313 billones del Presupuesto General de la Nación para 2021, sin embargo, cuando se entiende el espíritu de la reforma causada por la Ley 2056 salen a relucir luces de cara a la recuperación, la sostenibilidad e inclusión. En primera línea, es comúnmente conocido que las regalías sean la fuente de inversión de las entidades territoriales, y en consecuencia, estas inversiones deberían ser estratégicas para la recuperación.
Esta reforma es una reivindicación a los territorios productores que en el pasado compensaron a los no productores, y en efecto promovieron la equidad. De igual manera, esta reforma es consciente de la caída en la producción petrolera por -14 % entre enero y mayo del año en curso, así como la inherente necesidad de mejorar la competitividad en el sector con un mercado altamente demandante. Según la OPEP, la demanda de crudo alcanzará sus máximos a finales de la década, en 2030 el consumo se ubicará en 107.2 millones de barriles de petróleo al día.
Con una producción de 752 mil barriles por día que oferta Colombia a hoy, en efecto no se alcanzará a aprovechar ni el 1 % de la torta hacía 2030. La recuperación a través de la entrega de incentivos a las entidades que están en la tarima productora de respectivo sector será clave para la competitividad en un mercado, que, luego del covid, marcará un máximo en las matrices productivas hacía 2030. La transición hacía alternativas sostenibles se aproxima con más contundencia, y en efecto la actual reforma la involucra como objetivo en el numeral 9 del artículo 2.
La maximización de estas utilidades y riqueza dependerá también del potencial offshore que ofrece Colombia por su característica bioceánica, tema que de igual manera se tiene en cuenta en la reforma. Por ejemplo, se genera la demanda para inversión pública de las regalías que se puedan generar más allá de 40 millas náuticas de la costa. Ahora bien, claramente los críticos se argumentan sobre el impacto ambiental que esto pueda generar, sobre todo con los medios de explotación no convencionales o de fracturamiento hidráulico, pero en la reforma se tiene en consideración el carácter ambiental.
En segunda línea, y en concordancia con lo ya mencionado en Regalías sostenibles para la recuperación, publicado en el ambiente previo a la presentación de la reforma al Congreso, es importante resaltar el logró en materia de sostenibilidad, en particular ambiental. Como simple referencia, la reforma tiene en cuenta $154.275 millones de asignación ambiental para el presupuesto del siguiente bienio, así como la inversión para ambiente y desarrollo sostenible de los recursos de impacto local, y de Ciencia, Tecnología e Innovación. La respectiva visión de sostenibilidad, la cual se da con mayor impacto en esta reforma, es un argumento en contra de los alegatos de los críticos.
Esta visión de sostenibilidad, además, es clave dentro de las inversiones públicas para las comunidades étnicas, otro asunto dentro de la agenda de quienes promueven las consultas previas sobre el desarrollo minero energético del país. En cumplimiento de la importancia que le dio el Plan de Desarrollo Nacional “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” a las comunidades étnicas, en donde particularmente se involucró un capítulo para el desarrollo económico y social de estas, la reforma de regalías relaciona las Instancias de Decisión de Comunidades Indígenas, Negros, Afro, Raizales, Palenqueras, Rrom y Gitanos.
En tercera y ultima línea, las nuevas regalías incorporan la noción de inclusión social no solo con el apoyo de entidades no productoras, sino también lo hace con las comunidades étnicas. Las entidades productoras beneficiaras de asignaciones directas deberán destinar el 2 % y el 4.5 %, municipios y departamentos respectivamente para los grupos étnicos, así como estos grupos definirá el 2.32 % de las asignaciones para impacto local. El apoyó a las comunidades étnicas no es minúsculo, por el contrario, está en relación con los informes publicados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la importancia de los pueblos indígenas en el desarrollo económico, es decir que es un tema continental.
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