Dentro del malsano ejercicio de lo público debería ser un deber moral de los políticos colombianos asignar parte importante de su salario para la elaboración y ejecución de obras sociales, principalmente en la coyuntura del post-covid. Así, mediríamos dos aspectos: el primero, la verdadera vocación de servicio y solidaridad con la que debe contar un servidor público, y el segundo, la supuesta transparencia de la que algunos se ufanan. Y es que en un país como el nuestro, en el que abundan los politiqueros de profesión, resultaría inaudito que uno de ellos se atreviera a meterse la mano al dril para contribuir con el bienestar social de los colombianos. Empero, observamos paradójicamente cómo los corruptos se apropian del dinero del erario, bien sea a través de repudiables sobrecostos, jugosas comisiones de la contratación estatal o simples coimas burocráticas.
Traemos esto a colación porque en Colombia los corruptos se roban entre $22 y $24 billones anuales, al mes $1.8 billones y diariamente más de $64 mil millones de pesos. Cifras abruptamente alarmantes. ¿Logran ustedes dimensionar el nivel de descomposición social al que hemos llegado? El problema es que acá se roban el país entero, pero nunca pasa nada.
Como si fuera poco, el flagelo de saquear las arcas del Estado es cada vez mayor y la raíz del asunto surge desde las regiones del país. En municipios de quinta y sexta categoría, los corruptos hacen de las suyas atornillando en la administración a sus amigotes para apoderarse del grueso de la contratación pública. Luego, esta penosa dificultad se presenta en territorios a los que nadie llega y la mayoría de colombianos desconoce, pues ello es lo que los convierte en caldo de cultivo para el atraco del erario. Por ejemplo, vale la pena mencionar la situación de Barbosa, un municipio ubicado al norte de Antioquia en el que los últimos dos alcaldes (2012-2015 y 2016-2019) fueron capturados por desfalcar el presupuesto del municipio. Un bandido reemplazó al otro. ¡Qué vergüenza!
No siendo menos grave, vale la pena mencionar la degradante realidad que padecen algunos municipios de Córdoba y Sucre, así como muchos de la Guajira en donde se hacen al poder rateros de cuello blanco a fin de alimentar su espurio patrimonio. Y así llevamos más de 60 años.
La pregunta es: ¿Hasta cuándo tendremos que soportar a los rateros de lo público?
Es por ello que consideramos obligatorio, oportuno y más que necesario participar a conciencia de las contiendas electorales; con responsabilidad y sentido de pertenencia. El problema es que muchos que se autodenominan ‘líderes sociales o comunales’ se dejan comprar con cualquier migaja que les ofrecen y, en tanto esto ocurra, todo continuará empeorando.
Las reglas de la experiencia nos han mostrado que quien enajena su conciencia se condena a la hambruna o a la miseria. Vaya error el de algunos cuando deciden vender por tres pesos su sufragio o su liderazgo a un politiquero de turno que les llegará a robar.
Que no les quepa la menor duda: ¡En tanto sigamos así, no habrá cambio porque llegarán los mismos a robar!