Tomando un café con Antonio Rocha, reconocido abogado penalista de Colombia, con una amplia trayectoria en el mundo académico y político, con su voz aguda por la experiencia me manifestó que el Consejo Nacional Electoral es intocable, ante esa frase pregunte ¿por qué? La respuesta fue obvia: el Congreso de la Republica nombra los magistrados y no es posible que ese mismo congreso les haga control político. Entonces pensé: que viva la democracia.
El absolutismo de la justicia. En un país donde no existe un solo partido político que se salve de tener algunos de sus representantes condenados por diferentes delitos es muy importante que el organismo de control para proteger la democracia, es decir el Consejo Nacional Electoral, sea transparente, equitativo y esté en manos de los juristas de más alto nivel del país, que no tengan rabo de paja, sean impecables y transparentes en sus hojas de vida.
Sin embargo, algunas de las sanciones en el Consejo Nacional Electoral se convirtieron en un negocio redondo. La defensa de los sancionados muchas veces es asumida por exmagistrados que conocen a la perfección cómo funciona el mercado. Las tarifas de los abogados electorales son altísimas y esto obedece al trafico de influencias que se respira en algunas ocasiones dentro de la desgastada y rota bandera de Colombia ubicada en el edificio del CNE. Quien es sancionado por esta sombra de la justicia y no posee trafico de influencias es mejor que se mande bendecir por un padre y prenda todas las velitas a los apóstoles.
Ante la resolución 4089, emitida por el polémico Magistrado Jaime Luis Lacuture Peñaloza, el mismo que le hizo marketing político a Duque Presidente y fue candidato al Senado por el partido Conservador en el año 2018, surgen muchas inquietudes por parte de los candidatos que están involucrados en la polémica sanción.
La primera porque en Colombia se sancionan candidatos y no partidos, la segunda porque el magistrado que sanciona a los candidatos también fue candidato en el mismo periodo al Senado y no se declaró impedido y la tercera: ¿Quién esta atrás del negocio de la sanción millonaria que casi llega a los mil millones de pesos?
Pero en un país tan democráticamente justo y equitativo, donde las campañas se hacen con transparencia, los candidatos no tienen derecho a tener dudas y deben morir crucificados como lo dicta la resolución.
En medio de los aires de la famosa reforma política, muy poco o nada se toca al Concejo Nacional Electoral. Y eso que en esta columna no hablamos de la Registraduría. El CNE es intocable ante el Congreso y lo es mucho más ante los órganos de control que, como lo dijo el Procurador saliente, Fernando Carrillo, están arrodillados a los sectores políticos que históricamente han gobernado “la patria boba”.