Después de 11 meses, 5 extratemporáneos de la expedición de la Ley de Regiones, y de 2 años de la expedición de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, se publicó para comentarios el proyecto de Decreto que crea la Misión de Descentralización. Ante todo, es válido recordar que el PND actual realizó avances en materia de desarrollo regional al establecer este aspecto como hilo conductor, tal y como lo mencionó Nancy Lozano Gracia, especialista en desarrollo urbano del Banco Mundial.
Este plan indicó tres grandes objetivos: definir un arreglo eficiente para garantizar la coordinación en la planeación regional, armonizar la planeación con el ordenamiento territorial, y consolidar el nivel regional de planeación y gestión a través de la asociatividad. Sin embargo, utilizando como referentes a Eguino & Radics del BID, quienes delimitaron los pasos para la descentralización en América Latina y el Caribe, se propone tres puntos que la Misión deberá relacionar: 1) promover la sostenibilidad fiscal a través del fortalecimiento de las fuentes propias de ingresos y eficiencia en el gasto.
En primer lugar, la Constitución Política indica que Colombia es un estado descentralizado, sin embargo, la dependencia de las entidades territoriales al nivel central es demasiada. Según Fedesarrollo, las transferencias del nivel central representan en promedio el 61 % de los ingresos de estás. En particular se evidencia que los municipios no certificados, es decir aquellos con menos de 100 mil habitantes, son los que más dependencia tienen al Gobierno Central con un 88 % de sus ingresos provenientes de transferencias, las cuales son inflexibles en los sectores de salud y educación.
Respecto a los municipios más pobres, es decir categoría IV, V y VI definida en la Ley 617 del 2000, se encuentra asignaciones en promedio por regalías de $3.474 millones, la cual restringe la inversión a proyectos de impacto local. En neto, tenemos municipios dependientes de transferencias del Gobierno Central sin habilidades para ajustar los factores de producción hacía iniciativas que generen dinámicas de crecimiento. Dos temas claves será revisar la autonomía en la definición de un salario por regiones y del sistema tributario regional, el cual define el Congreso.
En segundo lugar, y en concordancia con el Documento de Marco Sectorial de Descentralización y Gobierno Subnacionales del BID, revisar las competencias político-administrativas en función de las capacidades y gestión requiere fortalecer la trasferencia de conocimiento y acceso a las tecnologías de crecimiento económico. La capacidad de gestión de los municipios para generar recursos propios es alarmante al solo lograr el 33 % de sus ingresos, dado que son ubicados en la periferia con predominancia rural, según OCDE, y además con dinámicas políticas de coacción de relaciones e información, tal y como menciona en sus estudios Gibson de la Universidad de Northwestern.
Ahora bien, aunque el Gobierno Central ha realizado avances en materia de descentralización que se ven reflejados en el Conpes 2788 de 1995, la misma Ley de Regiones, o en los Capítulos Regionales del Plan Nacional de Desarrollo, los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiaridad se han visto rezagados en la oferta de servicios y bienes públicos debido a externalidades de la planeación. Ejemplo de ello, la pobreza multidimensional, recesión y percepción ambiental profundizadas por la pandemia del covid-19. Se desarrolla a fondo en Temas regionales para la post pandemia.
Por último, de Eguino & Radics se puede sintetizar la adopción de mecanismo de transparencia y rendición de cuentas que trasciendan los ciclos políticos, tema que además completa Mazzucato al indicar la necesidad de un camino para conseguir un crecimiento liderado por la inversión. En otras palabras, la inversión en las regiones deberá estar en concordancia con el crecimiento de estas, y en el marco de la transparencia y rendición de cuentas, no informes de resultados. En detalle, acoger el Conpes 3918 de 2018, por el cual se define la estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia, sería un avance clave para los niveles regionales de planeación y gestión.
En conclusión, la raíz de los conflictos en el territorio se debe a la imposibilidad de cerrar las brechas sociales, económicas y ambientales, las cuales han estado altamente ligadas a la dependencia del Gobierno central y la carencia de capacidades y transparencia en las regiones. Estos temas han profundizado desasosiegos en la institucionalidad, lo cual la Misión de Descentralización, a través de la ordenación y definición de competencias de las entidades territoriales y el Gobierno Central, deberá tener en cuenta en sus recomendaciones.
Bonus: Atendiendo la imperiosa necesidad de escuchar a los jóvenes, la Comisión de Descentralización debería considerar seriamente la posibilidad de que estos sean invitados permanentes.
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