El artículo primero de la Constitución Política de Colombia nos indica que, en efecto, somos un “Estado social de derecho descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales”, pero en la práctica, la realidad es muy distinta y más cuando hablamos de medio ambiente. Varios expertos en temas medioambientales consideran que Colombia cuenta con unas de las mejores normatividades ambientales del mundo. Sin embargo, ¿realmente se aplica en la práctica?
Hace poco estuve en conversaciones con el Concejal Municipal de Neira, Sebastián Martínez Flórez, quien cree que para los pequeños impactos ambientales sí aplica la norma de manera contundente, pero para las multinacionales y las grandes empresas no, y estoy de acuerdo. La responsabilidad, al final de cuentas, cae sobre las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales), las cuales son denominadas autoridades ambientales.
Solo para poner un ejemplo, a un humilde campesino le sale bastante caro aprovechar un guadual pequeño o talar un árbol para la generación de energía en su fogón de leña, ya que la consecuencia puede ser: Una inminente captura. Por su parte, las multinacionales, los grandes ganaderos, las organizaciones mineras, empresas que contaminan ríos y tumban bosques enteros, tan solo reciben medidas correctivas en forma de “asesorías” que al final no conducen a nada positivo para el medio ambiente.
Hay que aclarar que aquí no se trata de justificar el actuar del campesino, se trata en realidad de que el castigo debería ser igual o más fuerte para aquellas grandes organizaciones que desangran nuestro ecosistema año tras año de forma masiva. Y ¿acaso las alcaldías y los concejos municipales tienen la capacidad de aportar al control de este tipo de impactos medioambientales tal cual lo dicta la Constitución?
Los alcaldes y concejos pueden manifestarse en contra, pero quien realmente toman la decisión es la Agencia Nacional Minera, desde su oficina en Bogotá. Para Martínez, es una decisión completamente centralizada y una verdadera lástima que pasen por encima de quienes quedaremos con los impactos ambientales, económicos y sociales negativos en cada uno de los territorios.
¿Cuál es la solución? Todo radica en los cambios estructurales desde el Congreso de la República. Es hora de proponer incluir las cuencas y microcuencas donde nace el agua que abastece los acueductos rurales y urbanos de los pueblos en el SINAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas), con lo cual salvamos el agua, la vida de los seres que habitan el ecosistema territorial, la vida humana, y la seguridad alimentaria de un país que tiene una predominancia agrícola, en donde se producen los alimentos que consumen en la ciudad.
Tenemos problemas, pero debemos buscar soluciones. Para el Concejal de Neira, se deben generar políticas públicas que enfrenten la deforestación, negar títulos mineros en las zonas montañosas de Colombia donde nace el agua, reforestar las fajas protectoras de los nacimientos y rondas hídricas.
¡Nos queda poco tiempo para proteger lo poco que nos va quedando!
Twitter: @ICristianRomero