María Mercedes Perry es la persona encargada de liquidar y responder a las víctimas de DMG. Sin embargo, después de una década algunas víctimas han sido revictimizadas y otras se resignaron a perder su patrimonio mientras ella acumula millonarios honorarios.
No son claras las cifras frente a los bienes que se le incautaron a David Murcia Guzmán y la manera como estos han servido para reparar a las víctimas, pero, un reconocido medio de comunicación en Colombia denunció que María Mercedes Perry tiene un saldo de honorarios de $857 millones de pesos, suma que aún no ha recibido a febrero del 2022.
Resulta difícil entender cómo a mayor tiempo obtiene más ganancias la liquidadora estrella, mientras las víctimas no reciben un centavo. Es decir, si el proceso durara cinco años más, María Mercedes Perry recibiría unos honorarios de $4′465.672.
Por su parte, el abogado Santiago Morales, representante de las víctimas de DMG, solicitó a la Fiscalía imputación de cargos contra la liquidadora por serias irregularidades y presuntos delitos que se habrían presentado durante el proceso.
Sin embargo, el tema va más allá de los honorarios millonarios de la Sra. Perry, unos predios ubicados al norte de Bogotá, que debieron ser devueltos a sus propietarios originales por orden del Tribunal de Cundinamarca que evidenció que estos no hacían parte de los bienes de la captadora ilegal DMG, hoy se encuentran en un proceso ante el Consejo de Estado.
Roberto Charris, representante legal de Colbank, en una carta respondió a Camilo Gómez, Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, solicitando no extralimitarse a sus funciones y respetar además el debido proceso sin confundir a la opinión pública.
Lo anterior porque Gómez manifestó en una entrevista de radio que habían aparentemente unos propietarios del inmueble, desconociendo los registros que existen en notariado, los cuales no son aparentes y tomando partido a favor de las irregularidades de María Mercedes Perry.
Las víctimas de la liquidadora estrella de DMG, como fue denominada por el presidente Juan Manuel Santos en su momento, no solo han dejado de ser reparadas, sino han sido revictimizadas; como es el caso de los propietarios del lote al norte de la capital.
Mientras Perry argumenta que la Superintendencia de Notariado y Registro actuó de forma ilegal, los cargos que solicita le sean imputados al abogado Morales dejan mucho que desear, y lo único cierto es que las víctimas no han sido indemnizadas.
No obstante, María Mercedes Perry se ha convertido en la liquidadora estrella, pues, siendo auxiliar de la justicia, es la mejor paga en la historia de Colombia.
Más que una reparación, está en juego la transparencia de las supersociedades en un Estado donde resulta necesario que se reevalúe la forma como se liquidan las entidades y la autonomía que se les otorga a los auxiliares de la justicia.
No es posible que las víctimas sean revictimizadas y los liquidadores sean los únicos ganadores. La estafa no puede ser un negocio de funcionarios públicos en Colombia y la justicia debe vigilar con lupa cada peso que se mueve para reparar a quienes hoy solo esperan justicia.