Tal vez el cargo más complicado de asumir en el próximo gobierno colombiano será el de Ministro de Hacienda. Parte de la labor de un Ministro de Hacienda es que hayan suficientes recursos públicos para asumir los compromisos del Estado en materia de provisión de bienes públicos y que el gasto público cumpla con sus objetivos. La sostenibilidad fiscal es uno de los fundamentos para el proceso de desarrollo económico de los países, dado que la posibilidad de prestar bienes y servicios públicos de calidad, y de forma continua y oportuna, depende de tener unas finanzas públicas sanas que lo permitan.
Como economista me duele, pero debo aceptarlo: En Colombia aún existe una importante carencia de instituciones macroeconómicas que promuevan las condiciones para un crecimiento inclusivo y sostenible a largo plazo. Salvo por la estabilidad de precios -que podríamos estar ad portas de perder, por lo cual hay que cerrar filas alrededor de la independencia del Banco de la República-, los panoramas de productividad, de mercado laboral, de balance externo y de sostenibilidad fiscal dejan mucho que desear.
En el frente fiscal, el Profesor Eduardo Lora hace unas semanas detalló cómo la difícil situación fiscal del país ha presionado al alza el costo del endeudamiento público. Estamos ante un escenario gravísimo para la sostenibilidad fiscal y macroeconómica del país, uno de los pocos activos públicos que hemos construido durante generaciones de trabajo y que las nuevas generaciones debemos mantener y fortalecer.
Con este cuadro en mente, el primer titán a enfrentar es un sistema tributario que se aleja significativamente de los principios de simplicidad, equidad y eficiencia. En el Plan Financiero presentado hace unas semanas se propone un ajuste fiscal bastante complejo para el siguiente gobierno: la dificultad proviene del hecho de que parte del ajuste podrá realizarse con una racionalización del gasto público. Sin embargo, inevitablemente, una parte importante tendrá que provenir de correcciones en el sistema tributario.
El sistema tributario colombiano al ser tan complejo y mal diseñado desalienta el espíritu empresarial y la inversión, al tiempo que facilita la evasión y genera ingresos insuficientes para financiar el gasto público. También ha promovido un mercado laboral informal enorme (casi 60% del empleo total), y ha llevado a una mala asignación de recursos, impactando negativamente la productividad. Del mismo modo, un nivel relativamente alto de impuestos sobre los ingresos de las empresas cohíbe el proceso de innovación y la asunción de riesgos, afectando la generación de empleo y el crecimiento económico.
Como si lo anterior fuera poco, la situación se ha intentado resolver mediante beneficios tributarios injustificados, generando que dependamos en gran medida de la imposición sobre el consumo y las utilidades empresariales (otra razón por la que el sistema es incapaz de reducir la desigualdad y de promover el crecimiento). Esta proliferación de beneficios tributarios injustificados representa pérdidas en recaudo de casi 70 billones de pesos por año y profundiza la informalidad y la desigualdad de oportunidades.
La pandemia provocó un aumento exponencial de la deuda pública colombiana, intensificando la necesidad de acrecentar los ingresos del gobierno para garantizar la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, la dinámica política, y la ausencia de un consenso técnico sobre hacia dónde debe ir el sistema tributario, ha llevado a algunas reformas que han profundizado los problemas. Lamentablemente, hablar de un paquete de política fiscal orientado a garantizar la sostenibilidad en el mediano plazo y a mejorar el sistema tributario durante la campaña es un suicidio político, después de la tragedia social de 2020. Empero, el deber técnico me obliga a abordar este tema tan importante para el futuro del país.
Es fundamental establecer una estructura tributaria de referencia a largo plazo que guíe las reformas de política a corto plazo. La práctica de Colombia de proponer reformas fiscales cada dos años es errática, ya que la mayoría de estas reformas acaban contradiciendo los esfuerzos políticos previos. Así, en primer lugar hay que alcanzar un consenso técnico sobre las medidas y estrategias básicas: i) la racionalización y marchitamiento de los tratamientos tributarios especiales tanto a personas como a empresas; ii) ampliar la base del impuesto sobre la renta de las personas (que solo pagan poco menos de 2 millones de ciudadanos), y al tiempo, bajar la tarifa de impuesto de renta corporativa (que es nocivo para el crecimiento); iii) mejorar el mecanismo de compensación de IVA y simplificar y ampliar su base gravable; iv) fortalecer las oficinas de administración tributaria (DIAN y subnacionales); y v)aprovechar el potencial del impuesto predial mediante la implementación del catastro multipropósito, y negociar la reforma del Impuesto de Industria y Comercio.
Sin sostenibilidad de las finanzas publicas no hay estabilidad macroeconómica ni provisión de bienes públicos, y sin esos elementos, no hay bienestar económico, ni legitimidad fiscal para realizar reformas estructurales. Así, la primera misión del próximo Minhacienda será empezar a ordenar el sistema tributario, para esto, se requerirá un perfil de mucha experiencia y mucha sensatez política y técnica y, por supuesto, un equipo calificado. El país no admitirá improvisaciones.