Los recientes avances de la JEP en la Audiencia de Reconocimiento del Caso 03 han tenido gran eco en la sociedad colombiana. Es imposible pasar por alto las voces de ex militares, no solo pidiendo perdón a las víctimas presentes y ausentes, sino además declarando su consciencia antes, durante y después de los crímenes cometidos. El reconocimiento es fundamental para la restauración de los lazos sociales.
Resultan lamentables los factores comunes en los testimonios de las víctimas: padres, hijos y hermanos provenientes de familias pobres a quienes se les ofreció trabajo y que, precisamente por sus condiciones socioeconómicas, se despidieron y subieron a los camiones; siendo personas honradas que buscaban día a día cómo ganarse la vida, y a quienes 14 años después finalmente les fue limpiado el nombre.
Cabos, Mayores, Generales y otros más fueron nombrados; sus participaciones se revelaron en mayor o menor medida. Los citados expusieron como razón fundamental de las masacres el haber estado sometidos a la presión y “necesidad jurídica” de mostrar resultados operacionales; y haber instigado, a su vez, a otros miembros de las FFAA para cometer los delitos y legalizarlos. En consecuencia: romper la confianza de los colombianos por dinero y aplausos.
Néstor Gutiérrez, Gabriel Rincón, Sandro Pérez, entre otros; nos dejaron frases como: “eran campesinos que nunca habían tenido relación con la guerrilla”; “sobre civiles logramos aplicar un patrón criminal para que jóvenes inocentes fueran entregados, asesinados y reportados como un muerto en combate”; “fueron asesinatos a sangre fría”; “cometimos delitos de lesa humanidad como desaparición forzada”; “pensaron que con esa propuesta iban a mejorar su calidad de vida”.
Y mientras en la audiencia la justicia empieza a amanecer con la verdad asomándose tras los cerros; en el control político a Diego Molano el cuadro era mucho menos alentador.
Durante el gobierno de Iván Duque se han dado varios debates de moción de censura, Molano no ha sido el único que ha debido explicar acciones que presuntamente estuvieron por fuera de la ley. En esta ocasión se le citó por la masacre en Putumayo que dejó 13 personas muertas.
Sin embargo, su defensa se centró en eso: en defender el operativo y justificar el accionar militar, a pesar de que también -como en el caso de los “falsos positivos”-, hablamos de personas inocentes, algunas de ellas líderes de su comunidad, sin conexión con grupos subversivos. A pesar también de que al parecer los militares entraron a usar el máximo de la fuerza como primera opción, lo cual viola el procedimiento adecuado. Lo peor es que probablemente salga bien librado -otra vez-.
Simbólicamente muchas víctimas llevaban a la Audiencia una camiseta negra que titulaba: ¿Quién dio la orden? El reclamo era común: -Queremos más nombres, queremos toda la verdad. Hay más personas detrás de esto.
Y nos preguntamos: ¿Quiénes son los que sostienen la impunidad en el país durante décadas y continúan inmunes no solo al sistema judicial, sino a rendir cuentas a la sociedad por los daños causados? ¿Quiénes respaldan que aún después de la firma de los acuerdos sigan dándose masacres a lo largo del territorio sin responsables ni consecuencias?
Es necesario decir que la violencia no ha cesado y que tampoco ha sido unilateral. Que el discurso del enemigo se agotó. En lo que va del 2022 se han dado 36 masacres (133 víctimas); el 2021 fue el año más violento de los posteriores a la firma de los acuerdos: 96 masacres con 338 víctimas. Este año 17 excombatientes de las FARC-EP y firmantes del acuerdo fueron asesinados, igual que 59 líderes sociales al margen del conflicto armado (Fuente: Indepaz).
Y, a propósito de esta persecución selectiva y estratégica, podríamos no solo mencionar, sino escribir libros enteros sobre los más de 400 ataques a periodistas, el exceso en el uso de la fuerza en el Paro Nacional del año pasado y los saldos de violencia física, sexual, desapariciones forzadas y tortura; o sobre la instrumentalización de la situación en Cali que aún hoy candidatos a la presidencia usan como forma de legitimar una violencia estatal que casi siempre resulta impune.
El amanecer de la justicia reposa en ese “casi”. Que la verdad nos ilumine los días.
Twitter: @emojiranza