Apaciguando las confrontaciones políticas, es momento de seguir avanzando por un camino que no cambia, el de la del carbono neutro. Es seguro que existen diferencias en el cómo, la intensidad y la fuerza de las intervenciones, sin embargo, es claro que el objetivo es seguir empujando políticas que estén en función de la acción climática, considerando las actividades del hombre, sobre todo las productivas e interrelacionadas con los recursos naturales.
Cambiar el camino es exponer a las comunidades marginales a fuertes choques externos que podrían deteriorar su desarrollo por afectaciones climáticas. No reconocer lo que se ha avanzado en los diagnósticos y en la ejecución es perder las lecciones aprendidas. Más continuar por este camino honraría los compromisos mundiales, brindaría alternativas para el desarrollo y la provisión de bienes y servicios públicos verdes; en consecuencia, se proponen los siguientes elementos para avanzar:
Formulación y actualización de instrumentos de planificación ambiental. El compromiso de declarar el 30 % de los mares y áreas continentales, entre otros, como ecosistemas de protección establece la necesidad de intervenciones pertinentes, bien sea de conservación o de uso sostenible. Sin instrumentos de planificación, las autoridades ambientales y territoriales no podrán superar la fase de prefactibilidad dentro de los proyectos de inversión, y mucho menos satisfacer las demandas en función del ambiente.
Pensar la inversión pública con enfoque de sostenibilidad. Mucho se ha hablado sobre la transición energética, y aunque es de reconocer que casi el 20 % de las finanzas públicas dependen de las bondades de la explotación de los recursos naturales no renovables, es urgente avanzar en la restauración social, económica y ambiental de los territorios, mejorando los factores de productividad, no solo la mano de obra, sino también en el capital y la tecnificación de los procesos a largo plazo.
Fortalecer la cooperación y apalancar financiación. Es un exabrupto ponerle cláusulas a la cooperación internacional cuando la variabilidad climática es un asunto global y los efectos podrían ser exponenciales. Por el contrario, la cooperación es clave para el fortalecimiento de las capacidades de los territorios en movilización de recursos, planificación del desarrollo, eficacia de las inversiones, entre otras bondades. Además, permitiría apalancar el financiamiento con la banca multilateral y mercados voluntarios de carbono.
Acoger las causas y no las consecuencias de la contaminación. La intuición nos lleva a creer que es la utilización de los recursos naturales como fuente de energía lo que genera mayores efectos invernaderos en el país; no obstante, reportes ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático indica que el mayor generador de GEI en Colombia se debe a un uso inadecuado del suelo, que mediante actividades silvopastoriles y agroforestales ambiguas realizan acaparamiento de tierras, narcotráfico, y deforestación. En consecuencia, atender estos problemas con alternativas que afecten las causas, permite que las comunidades no tengan preferencias a desarrollar mencionadas actividades. Claro está, sin generar incentivos perversos que lleven a recibir beneficios institucionales sin dejar las causas de la contaminación.
Diálogo territorial. Por último, y entendiendo que se empezará a construir las bases del nuevo Plan de Desarrollo Nacional, es importante que estos asuntos involucren la participación territorial de las comunidades y las autoridades que puedan, en consecuencia, utilizar recursos como: Fondo de Compensación Ambiental y el Nacional Ambiental, regalías, impuesto al carbono, entre otros, para materializar este camino que no cambia.
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