Ingresa o regístrate acá para seguir este blog.
El jueves 18 de enero, Standard and Poor’s (S&P) publicó un informe que detalla la última revisión de la calificación de Colombia, manteniéndola en BB+, pero con un cambio significativo: la perspectiva pasó de estable a negativa. Este ajuste se atribuye a diversos factores, entre ellos la desaceleración económica, las perspectivas de crecimiento para 2024 y los desafíos gubernamentales relacionados con las reformas propuestas y su impacto en la economía nacional.
S&P, una agencia de calificación de riesgo estadounidense en servicios financieros, evalúa el riesgo de incumplimiento de pago de gobiernos, empresas y otros emisores, desempeñando un papel crucial junto con otras líderes como Moody’s y Fitch Ratings en los mercados financieros internacionales. Su influencia afecta directamente la percepción de riesgo de los inversionistas y las tasas de interés a las que un país puede acceder al endeudamiento.
La relevancia de estas calificaciones radica en su impacto directo en el costo de endeudamiento para los emisores. Una calificación más alta facilita el acceso a tasas de interés más bajas, reflejando la confianza en la capacidad de pago del emisor. Contrariamente, una calificación más baja, como BB+, indica un riesgo moderado de incumplimiento y puede resultar en tasas de interés más altas.
La calificación BB+ otorgada a Colombia sugiere la presencia de un riesgo de incumplimiento de pago, a pesar de contar con una calidad crediticia aceptable, aunque con ciertos riesgos inherentes. A lo largo de la historia, Colombia ha sostenido esta calificación desde 2013, manteniendo en su mayoría una perspectiva estable. Sin embargo, la revisión reciente hacia una perspectiva negativa resalta inquietudes respecto al desempeño económico futuro.
Además, una perspectiva negativa sugiere una mayor probabilidad de que la calificación sea degradada en el futuro, dificultando el acceso a la deuda en el mercado. Esto puede aumentar el costo de la deuda para el gobierno colombiano y afectar la confianza de los inversionistas. Las consecuencias de una calificación negativa podrían ser significativas y afectar múltiples aspectos de la economía colombiana:
Aumento del costo de la deuda: El gobierno podría enfrentar tasas de interés más altas para financiar su déficit fiscal, aumentando la carga financiera. Sin embargo, el actual gobierno está impulsando medidas para evitar a toda costa la deuda, renegociarla desde los foros internacionales y proponiendo medidas ambientales como alternativas para la condonación de la deuda externa, entre otras.
Dificultad para acceder a deuda: Inversores podrían volverse reacios a invertir en la deuda colombiana, dificultando al gobierno acceder a los recursos necesarios. A pesar de esto, en el panorama actual, aunque existe incertidumbre -algo constante en los mercados-, no hay un peligro inminente que haga caer en pánico a los inversores y alejarlos del país, como sucede en otros países de la región.
Reducción de inversión extranjera: Empresas extranjeras podrían mostrar menos interés en invertir en Colombia, afectando el crecimiento económico. No obstante, la Balanza Cambiaria del Banco de la República ha informado que durante el 2023 la inversión extranjera directa fue de US$13.068 millones, un aumento del 16% respecto al año anterior, el mayor en casi una década.
Debilitamiento de la moneda: La confianza en la moneda colombiana podría debilitarse, afectando las transacciones internacionales. A pesar de esto, el peso sigue fuerte; al día siguiente de este informe, aunque el dólar abrió al alza, al final del día siguió su descenso frente a la moneda nacional ($3.918 al cierre del viernes 19 de enero; apreciación de 25,8% anual 2023).
Frente a estas consecuencias, el gobierno colombiano tiene que tomar medidas efectivas para mejorar su perfil crediticio:
Consolidación fiscal: Implementar reformas que reduzcan el déficit fiscal, asegurando una gestión eficiente del gasto público. Cerrar el hueco fiscal del Fondo de Estabilización del Precio de los combustibles es fundamental, con un costo político importante, pero insoslayable.
Estímulo al crecimiento: Desarrollar políticas que impulsen el crecimiento económico sostenible y diversifiquen la economía. La reactivación del sector construcción es una tarea perentoria; también es imperativo diversificar las exportaciones, promover la adopción de tecnología, estimular la demanda interna y fomentar la inversión en todos sus frentes, entre otras medidas.
Transparencia y confianza: Mejorar la transparencia en la gestión económica para fortalecer la confianza de los inversionistas. Mantener los límites establecidos en la regla fiscal, aunque dificulta las cosas, es también un buen mensaje.
Reformas estructurales: Considerar cambios que aborden las vulnerabilidades identificadas, como mejoras en la eficiencia del mercado laboral y aumento de la competitividad. Los acuerdos en las reformas deben comenzar a materializarse avanzando en el proceso legislativo y de concertación, no obstante, esta no es solo una tarea del gobierno sino de los sectores involucrados y el Congreso.
Monitoreo continuo: Establecer un mecanismo de monitoreo constante para evaluar el impacto de las políticas implementadas y realizar ajustes según sea necesario.
En conclusión, la calificación de S&P es un indicador crítico de la salud financiera de Colombia. En este sentido, todas aquellas acciones del actual gobierno para considerar las preocupaciones de la agencia pueden influir significativamente en las perspectivas económicas del país. Aunque el cambio a perspectiva negativa plantea desafíos, también presenta una oportunidad para implementar reformas sólidas que fortalezcan la posición de Colombia en los mercados internacionales y aseguren un crecimiento económico sostenible. La consolidación fiscal, junto con medidas para fomentar la inversión y mejorar la confianza, son pasos esenciales para revertir la tendencia negativa y construir una base sólida para el futuro económico de Colombia.
Por:
Alejandro Toca
Docente de Administración Pública
