Incidencia del pos-acuerdo en el desarrollo rural colombiano
Por invitados Felipe Montaño-Quintero[1], Milena García-Peña[2]
Luego de la “Violencia” entre los años 1946 y 1958, que ocasionó más de 300 mil muertos[3], el desplazamiento de miles campesinos, la compra de tierras a bajo costo por industriales y la exclusión de ideologías políticas, viene la época contemporánea desde 1960 a la actualidad. Esta época destacada por el conflicto armado interno[4], dejó graves consecuencias de los cultivos ilícitos, infraestructura vial pobre, subdesarrollo socioeconómico, desbalances en la distribución de los recursos, altos índices de desempleo y desnutrición especialmente de las comunidades más alejadas a las ciudades principales y las ubicadas en zonas limítrofes y costeras. Adicionalmente se ha dado una descontrolada explotación minero-energética, que ha tenido incidencia directa en la pérdida de biodiversidad y de los recursos naturales[5]. Finalmente la desatención de la salud, la educación y el agro, los tratados de comercio, el aumento indiscriminado de importaciones, y los escandalosos casos de corrupción, son evidencias de la intervención desarticulada por parte de entidades nacionales y extranjeras, y de la ausencia de políticas de largo plazo de fortalecimiento de las regiones y del país. Todas estas injusticias sociales han mantenido en permanente vigencia el conflicto armado, el conflicto por la explotación y por la protección de los recursos naturales, el conflicto agrario del país y muchos otros conflictos que emergen de problemas fundamentales como contar con viviendas dignas y acceso a servicios de salud y educación de calidad; es decir, no existe un solo conflicto en el país; es una interacción de variados elementos en el territorio, tal como lo planteó Vernot, A. en su investigación “El Verdadero conflicto: Un conflicto de negocios”[6].
Tomado de EL TIEMPO. 5 de Octubre de 2016. http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/marchas-por-la-paz-en-colombia/16719248
El proceso de Paz que inicio en noviembre de 2012 en la Habana-Cuba entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP y el Gobierno Nacional, luego de la firma del nuevo acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, nos deja a la expectativa de una ágil refrendación, dejación de armas, desminado y el proceso de desaparición de las FARC-EP como grupo armado. Es innegable que el pos-acuerdo dará un impulso económico y político que incidirá favorablemente en el desarrollo rural del país y vendrán grandes esfuerzos de restauración de las relaciones sociales para aproximarse a la justicia y a la reconciliación. Lo anterior implica la llegada de entes internacionales que trabajarán por “la paz en el post-Acuerdo” con importantes recursos que se destinarán a Colombia[7]. Es la primera vez que el país reconoce el conflicto armado y analiza las relaciones sociales para trabajar por superar las dificultades que se han trenzado durante decenios de guerra; sin embargo, es necesario resaltar que el proceso de paz luego de las firmas es un proceso complejo en especial si reconocemos que son múltiples los conflictos que se presentan en un territorio.
Como menciona el Acuerdo[8], la terminación de la confrontación armada significará, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Los principios del primer punto del Acuerdo, llamado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” contemplan elementos como el desarrollo integral del campo, la igualdad y enfoque de género, el bienestar y buen vivir, el derecho a la alimentación, el desarrollo sostenible, la presencia del Estado, la regularización de la propiedad y el acceso a la tierra. El campo en Colombia siempre ha sido el escenario principal del conflicto armado; la historia de nuestra guerra, describe brevemente que la tierra y su tenencia son génesis de la misma; su apropiación y concentración se ha realizado mediante la intimidación de la población, ocasionando el desplazamiento de familias y el abandono de sus predios que son apropiados por invasores que con el tiempo formalizan su tenencia convirtiéndose en los nuevos propietarios [9] [10].
En cuanto al enfoque territorial del Acuerdo supone reconocer las necesidades de los territorios y sus comunidades para adelantar procesos participativos desde las regiones, cuya Reforma Rural Integral – RRI permitirá crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural, por lo que el desarrollo rural integral es determinante en la integración, en el desarrollo social y económico equitativo del país. Los recursos del Estado para el agro, se han centrado en apoyar actividades muy rentables para pocos quienes apoderados de grandes territorios hacen uso de los recursos[11], muchas veces sin generar desarrollo y articulación en las regiones; por lo cual en esas mismas “prósperas regiones” se observan comunidades enteras con desnutrición, pobreza, sin acceso a buenos servicios de salud y sin posibilidades de trabajar o generar nuevos emprendimientos para conseguir su sustento. Adicionalmente, el país no ha contado con estrategias de seguridad alimentaria, ni de desarrollo real desde las regiones; los costos para la provisión de alimentos son altísimos dada la ilógica logística donde muchas veces un producto agrícola viaja por todo el territorio nacional, para volver al consumidor de esa misma región. Todo lo anterior demuestra el abandono estatal de tantos años y el estancamiento del campo; las estadísticas oficiales nacionales también demuestran grandes debilidades del desarrollo rural colombiano, por ejemplo, el Producto Interno Bruto Agropecuario -PIBA se ha reducido en promedio cada año en un 5.8% en los últimos veinte años[12].
Si nos preguntáramos, ¿Cómo podría el Acuerdo incidir de una manera negativa en el desarrollo rural en Colombia?, sería no implementarlo; pues se reforzarían los problemas ya existentes y todos los conflictos actuales por el uso del suelo y de los recursos. Sería dejar en manos de pocos la explotación de los recursos sin control o seguimiento por parte del Gobierno Nacional; como país tendríamos mayores afectaciones a la biodiversidad, a los recursos agua y suelo, a las comunidades, generando una mayor desigualdad que promovería nuevos y mayores conflictos. La implementación del Acuerdo puede representar un cambio profundo y positivo a mediano y largo plazo. ¿Por qué no soñar con un manejo sostenible de nuestros recursos siendo productivos, económicamente rentables y socialmente justos?; ¿por qué no soñar con un control social desde las regiones que garantice la planeación territorial para un desarrollo organizado y eficiente?; ¿por qué no soñar con cambiar hacia la meritocracia y no a continuar con la entrega de cargos públicos financiados por mafias que determinan el uso del suelo según sus particulares intereses? Tenemos que reconocer a Colombia como país rural, facilitar el empoderamiento y liderazgo por parte de las mujeres, poner en manos de las comunidades rurales algo de la riqueza que produce el campo para equilibrar la balanza. Todas estas cosas le han hecho falta al campo desde hace mucho más de 50 años.
Hacer la paz en Colombia no será fácil y desarrollar el campo menos, hacer lo que dice el Acuerdo es una tarea titánica pero posible, es un trabajo que nos llevara décadas, pero es peor no hacer nada; no implementarlo es más peligroso. Además, no se puede pretender solucionar tal crisis con intervenciones puntuales a través de programas o proyectos; se requiere un proceso de largo plazo y profundo que trascienda en nuestro país, que revalorice lo rural, su biodiversidad y su ubicación estratégica geográfica, ambiental y comercial; que reconozca sus actores y le dé valor a la vida misma.
Referencias
[1] Ingeniero Agrónomo, Especialista Gerencia de Empresas Agropecuarias. Correo: luisfelipemontano@gmail.com
[2] Ingeniera Agrónoma, Magíster en Ciencias Agrarias. Correo: smgarciap@unal.edu.co
[3] Valencia, A. Memoria y violencia. A los cincuenta años de «La Violencia en Colombia» Soc. Econ. no.23 Cali Dec./July 2012.
[4] El conflicto armado es el principal obstáculo al desarrollo humano en Colombia, según PNUD, 2013. CNMH, 2013; relata los últimos 50 años del país hasta 2012, donde crímenes atroces y sistemáticos contra la población generaron la muerte violenta de unos 180.000 civiles y 40.000 combatientes de los grupos armados, 25.000 desapariciones forzadas; 27.000 secuestros, 2.000 masacres, por lo menos 5.000 niños reclutados y 4 millones de desplazados como algunos de los enormes impactos directos del conflicto.
[5] Garay,L. Minería en Colombia. Derechos, políticas públicas y gobernanza. Contraloría General de la República. ISBN 978-958-9351-89-5
[6] Alex Vernot es Investigador de la Universidad Externado, candidato a la Alcaldía de Bogotá 2015. En el estudio enunciado, presenta los conflictos por el uso del suelo en el país y resalta los agentes y víctimas de la guerra para concluir que los conflictos, se originan por la interacción de variados elementos en el territorio.
[7] Lederach, autor del documento Construyendo la paz, plantea que las principales instituciones regionales e internacionales carecen de las competencias necesarias para intervenir en conflictos internos y además se encuentran, a menudo, limitadas por la falta de conceptos, enfoques y modalidades adecuadas para la intervención y, que la paz se resiste a cualquier solución rápida o proceso de paz sencillo.
[8] Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Disponible en: http://www.acuerdodepaz.gov.co/ y en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
[9] Ibáñez, A.; Querubín, P. 2004. Acceso a tierras y desplazamiento forzado en Colombia. Documento CEDE 23, 1–114.
[10] Gaviria, C.; Muñoz, J. 2007. Desplazamiento forzado y propiedad de la tierra en Antioquia, 1996-2004. Universidad de Antioquia, Lecturas de Economía 66, 9–46
[11] Ejemplos de estos casos son los recursos destinados para el fomento y mantenimiento de actividades agroindustriales como palma de aceite e ingenios de azúcar, así como para la minería. Información detallada disponible en informes de gestión del Gobierno Nacional al Congreso; disponibles en: http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/Paginas/informes-al-congreso.aspx. Otra fuente con análisis basados en información oficial: Revista Dinero. La década perdida para las exportaciones. Disponible en: http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/analisis-sobre-exportaciones-colombia-2015/213005
[12] Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE; Composición del PIBA en Colombia; cálculos propios.
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