La Región Central tiene que ser ejemplo

Muy pocos daban un peso por la primera región legalmente constituida en el país conocida hoy como la Región Central. Más de uno, con seguridad, pensaba que este tipo de esquemas asociativos estaban condenados al fracaso, que serían “flor de un día”.

Pues la realidad es que hoy no solamente existe la Región Central, creada en septiembre del 2014 y que integra a Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima, sino la recién constituida Región Pacífico (Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño) y otra que prende motores: la Región del Eje Cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío).

Con el perdón de mis amigos de la costa Atlántica, siempre se ha hablado de región Caribe. Pero decir que estos ocho departamentos están constitucionalmente integrados como región es todavía una falacia. Existe la región Caribe en lo que se llama el “imaginario colectivo”. Pero no en el papel. Para convertirse en región la iniciativa debe pasar por cada una de las ocho asambleas departamentales, como lo hizo la Región Central. Los caribeños tienen el Mandato Caribe, pero no la Región Caribe.

La Región Central es pionera y, a decir verdad, el camino no ha sido fácil. Para su creación, recibió un fuerte impulso del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro y de los cuatro gobernadores de entonces. Así que cuando llegó la administración actual se asumió como una creación de aquel e, incluso, el alcalde Enrique Peñalosa dijo, a mediados del año pasado, durante un Consejo Directivo de la entidad en el palacio Liévano, que había que revisar sus funciones o si no pensar en terminarla.

Su primera directora fue Carolina Chica Builes, una mujer joven e inteligente que asumió el encargo una vez se creó la entidad, mientras se nombraba director en propiedad. Llegó, entonces, Carlos Córdoba Martínez, un hombre predominantemente técnico, hoy gerente de las Zonas Veredales de Transición.

Córdoba entendió su misión: había que ponerle ruedas a la entidad, con la articulación de esfuerzos de los cinco socios y en cinco temas definidos por el Consejo Directivo: ambiente, seguridad alimentaria, infraestructura, competitividad y gobernanza. En los dos primeros, se logró darles el impulso necesario a proyectos importantes como la protección de páramos de la Región Central y el fortalecimiento de la economía campesina. Los otros tres ejes, por su complejidad, quizá necesiten una reingeniería o un reenfoque.

Hoy en día nadie discute las ventajas de los esquemas asociativos regionales en términos de articulación, asociatividad y autonomía. En el mundo, las entidades territoriales se agrupan cada vez más en regiones por las enormes ventajas que esto les reporta. Las regiones articulan los intereses mutuos de sus socios y sirven de bisagra entre estos y el Estado, además de que permiten que sus asociados actúen de manera concertada sin prejuicio de su autonomía administrativa.

Ahora bien, lo que sí da temor con estos nuevos esquemas de asociación es que, como ha ocurrido, por ejemplo, con la Federación Nacional de Departamentos (FND), se politicen a tal punto que pierdan su naturaleza. En épocas preelectorales, este tipo de organizaciones se convierten en una tribuna muy apetecida por caciques y candidatos de peso. Los dos últimos directores de la FND han sido hombres más políticos que técnicos. Y ese es el problema.

Lo ideal en este tipo de esquemas asociativos es que quien ocupe su dirección sea una mezcla, ojalá equilibrada, de técnico y político. Lo técnico le permitirá estructurar proyectos viables y realmente necesarios para sus comunidades. Lo político le ayudará a apalancar recursos y decisiones en las instancias gubernamentales.

Pero, además, si lo que se busca es que este primer esquema de asociación regional sea copiado en el país por su contribución al desarrollo de sus territorios socios, se necesita, también, que esta entidad regional dé ejemplo de pulcritud en el manejo de los recursos públicos. Solo con un manejo cuidadoso, racional y austero de los dineros que le llegan, por ejemplo, vía proyectos supradepartamentales aprobados, esta figura podrá sobrevivir.

No puede permitir que su razón de ser, el apalancamiento de proyectos comunes para beneficiar a sus casi 14 millones de habitantes, se refunda entre intereses políticos, clientelistas o burocráticos, o que, deslumbrada por los ingresos aportados para sus proyectos, se pierda en los caminos del derroche.

Si bien es cierto que los aportes de sus asociados no representan un monto significativo para la Región Central (tiene un presupuesto anual de 7.000 u 8.000 millones de pesos, el 70 o 75 por ciento de los cuales los aporta Bogotá), hay que decir que para iniciativas de alcance regional como la que busca proteger el complejo de páramos que se extiende por todo su territorio, el OCAD Centro Oriente aprobó recientemente más de 32 mil millones de pesos, suma que esta entidad deberá manejar con criterio gerencial.

Por tratarse de la primera región creada en Colombia y porque de su suerte depende la conformación de nuevas regiones, los ojos del país entero, los de los mandatarios de las cinco entidades territoriales que la componen (cuatro gobernadores y el alcalde de Bogotá) y los de los ciudadanos que la habitan deben estar sobre esta entidad. Y también, claro, las entidades que por naturaleza vigilan lo público, entre ellas la Contraloría y la Procuraduría.

En la medida en que esta entidad pública regional cuide con celo sus pocos recursos podrá cumplir a cabalidad el mandato claro y contundente de impulsar el desarrollo regional, y podrá convertirse en ejemplo para el país.