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En vísperas de un acuerdo final de paz, en donde todo esté finalmente acordado, se hace apremiante repasar lecciones aprendidas gracias a procesos pasados. La embriaguez, a favor y en contra, que produce el actual proceso entre el gobierno y las FARC no puede resultar en el olvido de eventos anteriores llevando a repetir los errores. Durante la década de los noventa, siete grupos guerrilleros se desmovilizaron, entregaron sus armas y algunos con mayor éxito que otros se reintegraron a la vida civil. En la primera década de este siglo, la agrupación confederada paramilitar al servicio del narcotráfico y de las élites locales, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se sometió parcialmente a la justicia en el 2006. Los diversos procesos de paz que desde ese entonces han llevado a la desmovilización, luego desarme y posterior reintegración de más de 60 mil combatientes en Colombia, ha dejado suficiente experiencia, experticia, capacidad técnica e institucional para evitar lo que han llamado el ‘reciclaje de las violencias’. Y es que hemos visto cómo, después del desmonte de aparatos militares la espiral de violencias continúa.
Tal vez el caso que merece mayor atención es el trasiego de excombatientes del Ejecito Popular de Liberación (EPL), guerrilla maoísta, desmovilizada en 1992. En la región del Urabá, varios de sus integrantes, luego de desmovilizarse en un saltimbanqui ideológico, se vincularían al grupo paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), fundada por la glamourizada “casa Castaño” en 1994. Cerca de diez años más tarde, estos mismos combatientes se desmovilizarían en el proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) adelantado por la administración Uribe con las AUC. Hoy en día, varios de esos mismos dos veces desmovilizados, son líderes del Clan Úsuga, una de las llamadas Bandas Criminales o BACRIM.
A manera de quiz, para repasar la lección: ¿qué ha permitido que un guerrillero desmovilizado en 1992, haya sido paramilitar al inicio de siglo y hoy en día lidere una organización criminal dedicada al narcotráfico? A) Incapacidad del Estado para facilitar proyectos de vida dignos; B) Incapacidad del Estado de administrar justicia; C) Persistencia del mercado ilícito generado por la prohibición de las drogas; D) Todas las anteriores. Si escogió la opción D), está en lo correcto. Ahora, si es funcionario público, no se sienta agobiado, comparta esta lección con sus compañeros de trabajo y apliquen lo aprendido.
Si bien las problemáticas que han facilitado el reciclaje de las violencias son múltiples, y solucionarlas tomará tiempo en un verdadero contexto de posconflicto, hay acciones que desde el Estado pueden tomarse de manera inmediata para evitar que combatientes se reciclen y los espacios dejados por las agrupaciones los copen nuevos grupos.
Por ejemplo, acciones pragmáticas que ofrezcan a integrantes de agrupaciones delictivas una especie de proceso de DDR. Es decir, diseñar un proceso de sometimiento a la justicia determinando un marco posible de beneficios jurídicos, establecer la condición de obligatoriedad de entrega de las armas e información y una posterior oferta de programas de reinserción que facilite proyectos de vida dignos y realizables. Esto ya se ha hecho en el país, la administración pasada aplicó esta fórmula en el marco del proceso con las AUC. También hay buena experiencia en Colombia de negociar con el narcotráfico; el gobierno de Gaviria negoció con Pablo Escobar las condiciones de su sometimiento a la justicia; la administración de Uribe, creó el marco legal y la arquitectura institucional para que grupos dedicados al narcotráfico tuviesen beneficios jurídicos. La cátedra de ‘negociar con el narcotráfico’ también existe como lección impartida en Colombia.
¿Qué ha fallado? Tanto en los procesos de los noventa como en el de las AUC, los procesos de DDR fueron imperfectos. No hubo oferta diferenciada para los mandos medios, quedaron vacíos de poder en los territorios y capacidades bélicas instaladas, permitiendo que los ‘nuevos’ grupos mutaran y se adaptaran a nuevos entornos y contextos. Aún si se corrigieran todas estas deficiencias en los actuales procesos, el factor que permanece es el de la economía ilegal generada por la prohibición de las drogas, compitiendo con programas de capacitación vocacional e inserción laboral o emprendimiento que generan ingresos inferiores a los de economías ilegales.
Esta semana la Fundación Paz y Reconciliación, publicó un informe en donde hace una radiografía de las BACRIM y las caracteriza como el mayor riesgo para la paz y la seguridad en un momento de post-acuerdo. El detallado documento señala que a pesar de las veinte mil capturas de miembros de BACRIM entre 2007 y 2015, se ha ‘ampliado la oferta criminal’ a un portafolio que combina diversas rentas ilegales y amenazas a líderes de organizaciones de víctimas, activistas defensores de derechos humanos y otras poblaciones vulnerables. Aunque el documento no lo señala, hay que ser claros en decir que el eje que ha movido a que combatientes de agrupaciones armadas se mantengan en actividades delictivas, es la economía generada por la prohibición de las drogas.
La institucionalidad colombiana tiene las herramientas y la capacidad de desmontar a las BACRIM, de manera innovadora, basados en la vasta experiencia. Sin embargo, los aprendizajes de Colombia que lleven a acciones pragmáticas frente a este fenómeno de violencia residual, no son la última solución. Solo un cambio en los marcos normativos prohibicionistas de drogas (bajarse de la bicicleta estática de Santos) permitiría reducir el tamaño de la economía ilegal. En la medida en que el Estado deba disputar la mano de obra de los jóvenes más pobres con una fuente de lucro y empleo tan monstruosa como el narcotráfico, las lecciones siempre serán amargas.
