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Jamás me han gustado las marchas. Desde que tengo memoria política, he considerado que estas son un mecanismo sí, de manifestación social, pero un ejercicio de la democracia poco riguroso en dónde unos pocos triunfan haciendo réditos políticos y capitalizando masas para las próximas elecciones. Esta marcha, la de ‘21A’ como denominan varios en redes sociales, fue en defensa de lo conocido, de tal vez el tesoro más grande que tenemos como sociedad y son las instituciones y la Constitución Política y acá, por encima de cualquier cosa, no valdría la pena pensar en quién o quiénes serán los actores que se quedarán con el crédito político.
He marchado, en contravía de mi lógica antiadherencia, por motivos que a consideración personal, son objetivos máximos de cualquier sociedad. En su momento en el 2016, tras la victoria del no, que Colombia lograra un acuerdo con las FARC-EP era el primer paso para subirnos a la moto y lograr esa máxima. Hoy, al igual que hace ocho años, la defensa de la Constitución y el mantenimiento de la institucionalidad es un deber de la sociedad y es, recientemente agregada, parte de esas máximas. Y digo reciente, porque hace un par de años, por más complicada que estuviese la situación, era difícil imaginar a Colombia en la situación que está
Muchos hablan de que la marcha le pertenece al uribismo y que esta corriente logrará capitalizar la manifestación social para las elecciones próximas del 2026. Otros argumentan, que la marcha le pertenece a la derecha y al establecimiento, o incluso peor, como afirmó el Presidente Gustavo Petro, que le pertenece a la ‘clase dominante’ -como si el no fuera parte estando sentado como jefe máximo en el Palacio de Nariño-
La realidad es que, en este punto y hora, no es relevante a quién le pertenecen los réditos o qué partido político logrará capitalizar la marcha o la oposición al momento de encontrarnos en las urnas en cerca de 28 meses. La marcha le pertenece a los colombianos que están preocupados por el futuro del país, a aquellos que les angustia el futuro del sistema de salud, del sistema de pensiones y de la estabilidad institucional del país.
Esta vez, se trata de exigirle al Gobierno que no haga más, que nos entregue el país si quiera, intacto en 2026. Se trata de marchar en contra del eventual colapso del sistema de salud que revolucionaría el país con una crisis social, de la crisis de seguridad que según las cifras, nos devuelve a inicios de los 2000s, de la crisis energética y la advertida crisis pensional.
Si seguimos encerrándonos en paradigmas políticos que ya no existen y dejamos al Gobierno avanzar con su agenda en pro de la constituyente, no podremos si quiera elegir en las próximas elecciones.
La marcha, la oposición y la defensa de la Constitución le pertenece, a todos los que queremos que haya un 2026.
