La anterior fue una semana que siembra dudas sobre la solidez y continuidad de nuestra democracia, que demanda que todos los colombianos estemos atentos y rechacemos cualquier acción o incluso actitud que la amenace. Desde el cambio de gobierno, hay especial susceptibilidad de parte de muchos ciudadanos sobre la fragilidad de nuestra democracia, que hechos como los de esta semana parecen ratificar y que deben ser de gran preocupación y acción de todos.
Empezó con la llamada a las calles para apoyar las reformas que cursan en el Congreso Nacional, en contra de los mismos llamados a dejar que los proyectos de reforma llegaran al congreso, como el escenario adecuado para que se debatieran las propuestas y se le efectuaran los ajustes necesarios. Así, hasta llegar a su aprobación, o a su rechazo, si los ajustes necesarios son tantos que hagan improcedente su aprobación y ameriten retirar el proyecto, necesitando diseñar uno de más consenso nacional, o no volverlo a presentar, si realmente lo que se tiene es mejor que cualquier propuesta, como puede ser el caso de la salud, cuya garantía es fundamental para la estabilidad social.
Esta situación se complicó ante la poca actitud conciliadora de aceptar cambios a los proyectos presentados, lo que dio al traste con la coalición de gobierno, con que se había elegido y con la que se había aprobado la Reforma Tributaria, que tiene al país sumido en esta insoportable inflación, además del alza de la gasolina y servicios públicos; pero, también marcó un incumplimiento de acuerdos con los partidos de la coalición que la aprobaron y a quienes les retiraron su participación en las decisiones del gobierno, al quitarles sus posiciones en el gabinete ministerial.
A pesar de lo anterior, los partidos a quienes no se les cumplió el apoyo irrestricto mencionado anteriormente, solo pasaron a ser independientes, no pasaron a ser oposición, pero dejando en el aire las preguntas, ¿las concesiones otorgadas para hacer elegir el gobierno y para aprobar la reforma tributaria, que duración tenían? ¿fueron ya cumplidas o hay un incumplimiento al no haber durado ni siquiera un año, en especial en participación en las decisiones gubernamentales?
A futuro, es evidente que no haberse declarado oposición, solo independientes, dejan la puerta abierta para nuevos acuerdos, la pregunta es ¿cuánto debe durar lo concedido de cada lado? Porque la Reforma Tributaria sigue vigente, pero lo otorgado por ella desapareció para la contraparte, al igual que la elección. ¿Como afecta esto la democracia?
El cumplimiento de la ley es fundamental en una democracia, al romperse la coalición las acciones posteriores están poniendo en duda el cumplimiento de la ley de bancadas, al entrar a arreglos individuales. Esto, además de la búsqueda de supuestos apoyos en las calles, desconociendo las últimas manifestaciones de rechazo. Desafortunadamente las marchas en contrario no son escuchadas, a pesar de ser la voz clara del pueblo, en especial en este momento que prácticamente no hay partidos de oposición a quien atribuírselas. Las marchas de protestas son en representación de esos 27 millones de colombianos, que habilitados para votar, no votaron por este gobierno, además de grupos que se habían mostrado a favor de quienes quedaron, que manifiestan no estar de acuerdo con acciones y proyectos que no contienen lo que se esperaba en campaña.
También se vio esta semana una guardia indígena en la Plaza de Nariño para cuidar que el Congreso de la Republica aprobara el Plan Nacional de Desarrollo, con unos 500 integrantes que llegaron a Bogotá, específicamente para ese fin, al parecer en contra de la sentencia C-572 de 1997 de la Corte Constitucional de Colombia, que declaró la inexequibilidad de normas que permitían a particulares cumplir con funciones de vigilancia y de uso de armas, acciones privativas de la fuerza pública y nada menos y nada más que en la Plaza de Bolívar, donde conjugan las sedes de los tres poderes de la nación.
Terminando la semana, a un senador le fue anulada su elección, por motivos de conocimiento de todos desde el principio, que solo fue confirmado por el Consejo de Estado el pasado jueves. Pero lo importante es que había sido elegido presidente de la cámara alta por sus miembros con mayoría de la coalición recientemente explotada (¿otra concesión que se quedó sin retribución?) pero que lo importante es que estuvo toda la legislatura presidiendo la aprobación de leyes, ¿dejara en el limbo el producto de los actos que presidió? por la posibilidad de su anulación. El fallo no habla de retroactividad, pero el mismo senador declaró que la anulación no lo inhabilita, que es “como si nunca hubiera sido elegido”, si nunca fue elegido ¿cómo pudo presidir todas esas aprobaciones? ¿y que validez tienen?
Pero la semana no se acabó, todavía faltaba una acción más, en la tarde de España, apenas amaneciendo en Colombia, la cabeza del ejecutivo declaró que era el jefe del fiscal, mandando una señal de alerta sobre la independencia de poderes, base fundamental de nuestra democracia y uno de los conceptos democráticos más importantes. La constitución en su articulo 113 establece que las tres ramas del poder público tienen funciones separadas y la sentencia C-037 de 1996 de la Corte Constitucional establece que la independencia de poderes es un principio fundamental del Estado Social de Derecho y que el equilibrio entre las ramas del poder público es esencial para garantizar la democracia. Lo cual debe ser garantizada con una colaboración armónica entre los mismos. Como las instituciones no hablan, esto es función de sus cabezas visibles.
La democracia colombiana, la más antigua de América, solo interrumpida hace muchos años por una “dicta-blanda” puesta y retirada por los mismos políticos que no podían dirigir el país en paz, tiene muchos componentes para vigilar: los pesos y contrapesos repartidos entre las ramas del poder, el respeto a la Fuerza Pública, el celo en la defensa de nuestra soberanía y mantener la integridad territorial, la legitimidad de las elecciones, la transparencia en el conteo de sus resultados, asegurar la convivencia pacífica, el ejercicio de los derechos y libertades públicas, el respeto a la constitución y las leyes, muy especialmente de todos y cada uno de los funcionarios elegidos y designados por los electos. Para eso, los colombianos deben mantenerse informados, y ojalá por diferentes medios, dada la polarización que ha absorbido muchas de esas fuentes.
Para cuidar nuestra democracia no se deben escatimar esfuerzos, vivimos momentos delicados y en una democracia donde la diferencia entre quienes fueron declarados oficialmente ganadores y perdedores de solo 3% de los votos, unos 716.212, de 39 millones de colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto, las acciones de todos los actores del acontecer nacional deben ser manejadas con pinzas. Se debe buscar el mayor de los consensos y los ciudadanos tienen el deber de rechazar cualquier síntoma de deslegitimización de nuestra democracia, sistema de gobierno que nadie considera perfecto, pero muchos el menos imperfecto.
Gran comentario. La democracia colombiana está, en efecto, entre las más antiguas del mundo. Ojalá pueda evitar los peligros de los que el autor nos alerta.
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