La excanciller ha planteado la posibilidad de un fallo de la CIJ alterado por los intereses chinos. No obstante, creerle, implica ahondar el atraso en política exterior que Colombia había empezado a superar.
Se entiende que la hipótesis haya hecho carrera en algunos círculos, porque como todas aquellas ideas reduccionistas, otorga respuestas a cientos de preguntas formuladas al gobierno y jamás respondidas por éste. Sin embargo, la tesis conspirativa atenta no sólo contra las buenas relaciones con Beijing, esenciales para la proyección de Colombia (léase APEC y Alianza del Pacífico), sino que empieza a poner en tela de juicio el respeto irrestricto por el derecho internacional, derrotero durante décadas de la diplomacia colombiana.
La exministra en mención se equivoca, al menos por tres razones. En primer lugar, porque desconoce la rigurosidad que acompaña el proceso de designación de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. Alude a un simplismo imperdonable para quien ha ejercido como canciller. Habida cuenta de que la jueza Xue Hanqin es de nacionalidad china, habría un choque de intereses. Empero, Sanín desconoce un principio elemental; una cosa es la distribución de poder mundial que le otorga la facultad a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, la posibilidad de tener jueces de esa nacionalidad, y otra que dichos magistrados representen los intereses de esos países. Se equivoca la ex canciller, porque la Corte ha emitido fallos que afectan los intereses de estados como Estados Unidos (a propósito de Nicaragua). De igual forma, se ignora que los magistrados deben contar con la aprobación de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.
Segundo, planeta la ex canciller que detrás del fallo estaría el interés chino para la construcción de un canal por la vía de Nicaragua. Desconoce la forma en que opera la política exterior de ese país. Para obtener una ventaja en el plano comercial, Beijing no necesita de involucrarse de semejante manera, cuando su economía depende poco de lo que suceda en estas latitudes. Resulta urgente recordar que si es tal el interés por la construcción del canal, en nada depende del citado fallo. Se quiera o no, dichos buques tendrían que pasar por aguas colombianas por el principio que otorga libertad de navegación.
Y tercero, la posición de una ex canciller y de algunos senadores de la comisión segunda del senado deja entrever un atraso en política exterior, que contrasta con los intereses desmesurados del gobierno en esta materia. Incluso, este último se perfiló como mediador del conflicto palestino-israelí, en un gesto que debía mostrar el alcance de esta nueva diplomacia.
Claro está, es posible tener intereses estratégicos y que Colombia se perfile como líder regional y global. Lo que resulta incompatible, es hacerlo cuando aún cunda en la dirigencia colombiana una percepción del mundo tan provinciana.
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